Pena por corrupción inmobiliaria

El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó este jueves reformas al Código Penal local, para adicionar un capítulo específico que tipifica como delito la corrupción inmobiliaria, y se establecen penas de hasta 20 años de prisión a servidores públicos que permitan construcciones ilegales.

Las reformas están contenidas en el proyecto de decreto que presentó ante el pleno la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso, a partir de la iniciativa enviada en enero por el jefe de Gobierno, Martí Batres.

Con la aprobación del proyecto de decreto, se adicionan el Capítulo 15 y el artículo 276 Quater al Título Décimo Octavo del Libro Segundo del Código Penal.

El Capítulo 15 lleva por título Corrupción Inmobiliaria, mientras que el artículo 276 Quater establece que comete el delito de corrupción inmobiliaria el servidor público que por acción u omisión permita o tolere la construcción de inmuebles o la edificación de pisos adicionales a los autorizados, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley.

“Por las conductas descritas en este artículo, se impondrá una pena de 10 a 20 años de prisión, con independencia de las otras sanciones que procedan por la comisión de otro tipo de delitos”, precisa dicho artículo.

Añade que la pena establecida en el párrafo anterior se incrementará en una mitad cuando las conductas previstas en este artículo produzcan beneficios económicos, ya sea en efectivo o en especie, al propio servidor público, su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, concubina o concubinario, pareja permanente, adoptante o adoptado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, o a socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte.

El pasado 10 de enero, el mandatario Martí Batres dio a conocer la iniciativa que este jueves fue aprobada con 43 votos a favor y cero en contra. Durante su presentación, explicó que la corrupción inmobiliaria se refiere al fenómeno que permite a funcionarios públicos acumular riqueza mediante un esquema de empresas y sociedades que les otorgan dinero y/o propiedades para beneficio personal, a cambio de emitir permisos ilegales de edificación.

Batres impulsó las reformas al Código Penal, en el contexto de las denuncias del gobierno central en contra del denominado Cártel Inmobiliario, lo cual ha derivado en sanciones a exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez, tras investigaciones de la Fiscalía General de Justicia local que llevaron a identificarlos como integrantes de una red de corrupción.

En ese sentido, al presentar el proyecto de dictamen ante el pleno del Congreso capitalino, el diputado José Rivero recordó que la iniciativa del jefe de Gobierno es frenar la corrupción inmobiliaria, a través de sanciones penales en contra de servidores públicos que se vean involucrados en conductas que permitan construcciones ilegales en la capital.