Gobierno de CDMX busca tipificar como delito la corrupción inmobiliaria con sanciones de hasta 20 años

El jefe de Gobierno, Martí Batres, anunció que enviará al Congreso de la CDMX una iniciativa para reformar el Código Penal con el fin de combatir la corrupción inmobiliaria, e imponer penas de hasta 20 años de prisión a servidores públicos involucrados con este tipo de casos.

Al presentar los pormenores de la iniciativa, el mandatario afirmó que entre 2009 y 2021 hubo un “incremento exponencial” de inmuebles con nieves excedentes por encima de la norma; por ejemplo, señaló, en 2009 se registraron 12 casos en la Benito Juárez, y para 2022 fueron 158.

“Este es el lapso, este que se menciona aquí, es el lapso de gobierno del cártel inmobiliario en Benito Juárez, se da un crecimiento enorme”, dijo.

foto: Especial

Además de la corrupción inmobiliaria, Batres Guadarrama aseguró que este fenómeno tiene otros efectos negativos como el encarecimiento de la vivienda, afectaciones en el acceso al agua y riesgos de protección civil, al ser inmuebles construidos de manera irregular.

“La corrupción inmobiliaria es en sí mismo un problema de carácter moral, porque significa un enriquecimiento ilícito de funcionarios, de servidores públicos y porque tiene impactos sociales, especialmente en el encarecimiento de la vivienda, en la especulación con los costos del suelo, un impacto en la provisión de agua, un impacto en materia de protección civil, por todas estas razones es que se combate en la Ciudad de México la corrupción inmobiliaria y se va a seguir combatiendo”, señaló.

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La iniciativa que enviará el mandatario incluye un capítulo 15 en el Código Penal de la CDMX, en cuyo artículo 276 se establece que el delito de corrupción inmobiliaria lo comete “el servidor público que permita por acción, por omisión o tolere la construcción de inmuebles o la construcción de pisos adicionales a los autorizados sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley”.

La sanción por estos actos sería de entre 10 y 20 años de cárcel, y se agravarán en una mitad más, en los casos en que los servidores públicos involucrados obtenga un beneficio económico.

“Con este artículo sancionamos al servidor público y a la red de familiares que intervienen actualmente en este tipo de operaciones de corrupción inmobiliaria, este es el propósito de este artículo, con independencia de otros delitos que se pudieran cometer”, explicó.

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