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Hay dos casos que faltan por alcanzar un acuerdo reparatorio tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, uno es el de la bebé Jazlyn, que era cuidada por su abuela Alicia Matías en el paradero de Santa Martha aquel 10 de septiembre de 2025, y otro por daños a la vía pública en agravio de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), informó la Fiscalía General de Justicia (FGJ).
La fiscal Bertha Alcalde Luján confirmó que a 15 días de que se cumpla un año de la tragedia, se han celebrado 156 acuerdos reparatorios —incluidas las 31 víctimas mortales por la explosión—, por un monto de 471 millones 192 mil pesos.
“Todos los casos de víctimas mortales, es decir, homicidios culposos, ya se celebraron 100% de los acuerdos reparatorios, y nos hace falta un caso, este un caso de lesiones culposas, es decir, una persona que afortunadamente sobrevivió. No voy a dar mayores datos, simplemente decir que es una persona que está recibiendo atención médica”, precisó la fiscal.
Durante la presentación del informe mensual de resultados, Alcalde Luján aseguró que la familia de la bebé Jazlyn, quien sufrió quemaduras y lesiones que pusieron en riesgo su vida, ha pedido tener más información sobre los costos de la atención médica posterior antes de celebrar un acuerdo reparatorio.
“Quieren garantizar todos los dictámenes correspondientes y tener un monto muy claro, entonces, está todavía este tema abierto”, indicó.
El segundo caso al que no se ha llegado a un acuerdo es uno por daños materiales a la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, en el que aún se están realizando periciales.
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La fiscal indicó que si en alguno de los dos casos se opta por no celebrar un acuerdo reparatorio, se llevará a la judicialización. De llegar a un acuerdo, el caso se daría por cerrado.
“El acuerdo reparatorio como tal es una vía que finaliza el proceso penal, si celebran acuerdos, si se cumplen con las condiciones de los acuerdos reparatorios, eso como tal nos obliga el Código Nacional [de Procedimientos Penales] ya no nos permite judicializar el caso, ya no es una opción ni siquiera con la cual cuente la fiscalía, entonces vamos a estar a la espera de estos dos casos si se celebran acuerdos reparatorios”.
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