Estas son las cinco alcaldías que registran más robos de mobiliario urbano

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Cárcel de dos a seis años

a quien enajene, posea, adquiera, trafique, emplee o reciba elementos del equipamiento o mobiliario urbano que hayan sido robados, propuso la diputada local del PRI, Maxta González Carrillo, en la sesión ordinaria de este martes en el Congreso local .

Para ello, la priista presentó una iniciativa de reformas al Código Penal, en la que explica que el propósito es inhibir el robo de mobiliario urbano y, por supuesto, evitar que se comercialice y obtengan ganancias al hacerlo, además de evitar afectaciones al erario público de la Ciudad de México.

La legisladora citó que son cinco las alcaldías en las que concentran el robo o faltante de accesorios de drenaje: Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Tlalpan.

Detalla que en ellas hay decenas de avenidas primarias afectadas, muchas de las cuales son vías rápidas en las que podría generarse un accidente fatal, como son: Circuito Interior, Insurgentes Norte, Constituyentes y Calzada Vallejo, entre otras.

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Mencionó que de acuerdo con informaciones periodísticas, de enero de 2019 a noviembre de 2021, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) tuvo que desembolsar 33 millones 660 mil 591.84 pesos de recursos públicos, para la reposición de accesorios de drenaje y agua potable faltantes, que en muchos casos se debe a que son robados para venderse en locales que compran fierro viejo.

Año con año, añadió la diputada del tricolor, las rejillas de piso, pozos de visita y coladeras pluviales hechas de fierro fundido desaparecen de la noche a la mañana, y se cuentan por centenas.

Lo grave de la situación, añadió, es que las coladeras metálicas son vendidas a cinco pesos el kilogramo; es decir, 250 pesos más o menos por unidad, en negocios de fierro viejo, pero al Gobierno de Ciudad le cuesta 12 mil pesos reponerlas.

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Por ello, la iniciativa propone adicionar el cuarto párrafo de la fracción III, Apartado A, del artículo 224, del Código Penal capitalino, para que se imponga una pena de dos a seis años de prisión a quien enajene, posea, adquiera, trafique, emplee o reciba elementos del equipamiento o mobiliario urbano que hayan sido obtenidos a través del robo.

Señala la iniciativa que el mobiliario puede ser alcantarillas o tapas de registro de cualquier servicio público o privado, del alumbrado público, energía eléctrica, red de agua potable, drenaje, señalización vial, gimnasios al aire libre, así como de parques y jardines.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para su análisis y posterior dictaminación.