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La fiscalía capitalina informó este viernes sobre el modus operandi implantado en la calle Manuel Márquez Sterling, para hacer espionaje político en la pasada administración que fue operada desde el Gobierno Central.
El vocero de la FGJ, Ulises Lara, dijo que el espionaje fue orquestado entre 2013 y 2018 desde el Gobierno Central de la pasa administración de Miguel Ángel Mancera .
Desde ahí se giraban instrucciones a la entonces Procuraduría General de Justicia para que ésta, con el uso de personal de ambas instituciones, se diera a la tarea de realizar esta serie de actividades ilícitas desde el multicitado inmueble de la calle Manuel Márquez Sterling .
Célula se mantenía con recursos de hacienda pública
Derivado de los avances de esta investigación, cuentan con indicios que los posibles operadores intelectuales de este esquema contaban con un alto nivel jerárquico en la anterior administración capitalina.
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Dichos funcionarios, solicitaban a un alto comandante, con nivel de Dirección General de la otrora Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que organizara y dirigiera un grupo especializado que se encargara de llevar a cabo todas las actividades de espionaje, al fijar sus objetivos y a los personajes a los cuales se les violaría su privacidad.
Se realizaba una transferencia de recursos en efectivo de la hacienda pública para sostener financieramente a la célula . A su vez, dicho servidor público de la Procuraduría General probablemente remitía sus informes y principales hallazgos a funcionarios del gobierno central.
Equipo de 30 personas
Se organizó un equipo constituido por aproximadamente 30 personas , que tenían a su plena disposición la tecnología operativa de la PGJ para que realizaran tanto las actividades de análisis y procesamiento de datos como las tareas de seguimiento de campo.
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Este equipo, a su vez, reportaba sus quehaceres al comandante de la PGJ encargado de dirigir la organización.
Los servidores públicos se daban a la tarea de intervenir ilegalmente comunicaciones privadas de personas del ámbito político, así como de sus familiares más cercanos; elaborar fichas de identidad; diseñar rutas y mapas de seguimiento; redes de vínculo, geolocalización y rutinas, además de ejecutar planes con fines político-electorales.
Entre las personas y sus familias que fueron espiadas , es decir, vigiladas de manera ilegal, se encuentran servidoras y servidores de todos los niveles de gobierno, que hoy ocupan cargos en la Presidencia de la República, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en el Gobierno de la Ciudad de México y en esta propia Fiscalía.
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apr/acmr
