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Peritos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) se manifestaron a las afueras del búnker para consignar el cese laboral por presuntamente no haber acreditado los exámenes de control de confianza.

Alrededor de 50 trabajadores, con pancartas en mano, pidieron que no se violen sus derechos humanos, pues aseguraron que la dependencia les notificó baja inmediata sin que pudieran defenderse.

Uno de los manifestantes consultados, quien prefirió no dar su nombre, comentó que hasta ahora les fue notificada la no aprobación de los exámenes, mismos que hicieron desde diciembre pasado.

Una comisión de 15 peritos fue recibida por la coordinadora de Servicios Periciales y un representante de la Oficialía Mayor, en una reunión que duró alrededor de cinco horas, en la que se plantearon las acciones a seguir para revisar la situación de cada uno de los casos, en específico el de uno de sus compañeros, quien sí fue dado de baja de su puesto laboral.

Los inconformes esperaron a las afueras del búnker de la PGJ y poco a poco fueron perdiendo los ánimos en sus consignas, incluso, los cartelones fueron guardados en lo que esperaban la salida de sus compañeros.

Otra de sus principales inconformidades fue el aumento de 6.6% a su salario, lo que representa tan sólo 168 pesos, además enlistaron una serie de problemas que presentan a la hora de realizar su trabajo, como la falta de materiales, unidades y gasolina.

Una de las manifestantes refirió que “no ganamos sueldazos, carecemos de material para trabajar, somos la parte científica de una investigación y no se nos da lo necesario”.

El miércoles, EL UNIVERSAL dio a conocer que peritos de la procuraduría enviaron una carta a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en la que le reclaman la falta de un aumento salarial y le piden que regularice los atrasos en prestaciones al resto de empleados de la dependencia, al revelar que incluso “tienen que demandar” para que les lleguen el aguinaldo los fines de año.

El documento firmado por los peritos Teresa Santos y Adrina Trejo detalla que el pasado 8 de marzo sostuvieron una reunión privada con la procuradora Ernestina Godoy, en la cual según la titular les prometió “dar un bono como el que se daría al personal de Seguridad Pública”, pero no han recibido nada.

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