PGJ descarta robo de bebé en el Hospital de Ticomán

Contraloría de la Secretaría de Salud local determinará si existe alguna responsabilidad administrativa en el caso

Testimonios. Todo el personal del hospital que intervino en el parto fue citado a rendir su declaración ante la PGJ (ESPECIAL)
Metrópoli 01/08/2018 02:28 Eduardo Hernández Actualizada 02:46

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Las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México determinaron que no se registró el robo de un recién nacido en el Hospital General Ticomán, como lo denunció María Guadalupe “N”, quien refirió haber tenido un embarazo gemelar y tras el parto recibió sólo a uno de los niños.

Como parte de las diligencias se citó a declarar al médico titular de Ginecobstetricia, un neonatólogo, dos anestesiólogos, un pediatra, dos enfermeras y dos residentes que estuvieron presentes durante el parto, así como a otros siete trabajadores que atendieron a la madre en el periodo de embarazo.

La procuraduría local informó que María Guadalupe “N” ha recibido apoyo de contención sicológica y de trabajo social por parte de la dependencia , además ha sido entrevistada en dos ocasiones.

La institución también recabó los expedientes abiertos en el Centro de Salud Soledad Orozco de Ávila Camacho y en el Hospital General de Ticomán.

Por lo que hace al hospital donde la mujer dio a luz, elementos de la procuraduría capitalina inspeccionaron las instalaciones de acceso, área séptica, sala de enfermeras, quirófano y otros sitios que el personal que participó en la cesárea recorrió antes y después del alumbramiento.

A través de videos captados por cuatro cámaras situadas en el quirófano, los vestidores y sus alrededores, los agentes de investigación observaron el momento en que la mujer y el recién nacido salieron del quirófano y fueron trasladados al área de recuperación por personal que portaba el uniforme de la institución, sin que se apreciara un segundo bebé.

Las investigaciones determinaron que no se establece la existencia de un delito. Sin embargo, la PGJ local remitirá la investigación a la Contraloría Interna de la Secretaría de Salud local, para que se determine si hay alguna responsabilidad administrativa.

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