Previo a la realización “presencial” de la , para aprobar la sesión extraordinaria de este viernes, los tres partidos de oposición: PRD, PAN y PRI , apoyados por PT y PES , analizan la posibilidad de no asistir o bien votar en contra de la reunión de mañana.

Sin embargo, los cinco partidos sólo suman nueve de los 19 integrantes de la Permanente, donde sólo requieren de la mayoría simple para la realización del extraordinario, para aprobar la Ley de Austeridad.

Desde temprano están reunidos virtualmente: los panistas: Gabriela Salido Magos, América Rangel Lorenza y Diego Garrido López; los perredistas: Víctor Hugo Lobo Román y Jorge Gaviño Ambriz; los priistas: Tonatiuh González Case y Ernesto Alarcón Jiménez.

Y hasta el mediodía los apoyaba la coordinadora del PT, Circe Camacho Bastida –dado que su compañera, Leonor Gómez Otegui, optó por sumarse a Morena--; y el vicecoordinador del PES, Miguel Ángel Álvarez Melo.

Mientras que Morena, está integrado por la presidenta de la Mesa Directiva, Isabela Rosales Herrera, Martha Ávila, José Luis Rodríguez, Ricardo Ruiz Suárez, Valentina Batres, Ricardo Fuentes, Guadalupe Chavira y Guadalupe Aguilar.

Además, la petista, Leonor Gómez, y la coordinadora del PVEM, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo.

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Aunque el grupo morenista enfrenta un dilema, ya que en el caso de su coordinadora, Martha Ávila, por lo que se sabe, está enferma de Covid-19, lo que le impide salir de casa.

Ante ello, tendría que acudir su suplente: Eduardo Santillán Pérez, quien pondría en riesgo a quien acuda a la Permanente, pues si bien no está enfermo del Covid-19, tiene que guardar la cuarentena, ya que la semana pasada fallecieron su hermano y sus padres por ese virus.

Es decir, con esta situación al grupo de Morena le restaría un importante voto, con lo que empataría con la oposición, pero si ésta y sus nuevos aliados determinan no acudir a la sesión de la Permanente, ésta no podría realizarse por no existir quórum.

Esta situación evitaría la realización de la sesión extraordinaria de mañana, con lo que no sería aprobada la Ley de Austeridad , que tanto le interesa la jefa de Gobierno, .

Cabe destacar que estas diferencias son consecuencia del dictamen de dicha ley, la cual aprobó el martes pasado la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso capitalino, con el voto a favor de Morena, PVEM y la petista Leonor Gómez Otegui.

La oposición, la coordinadora del PT, Circe Camacho y el coordinador de la asociación Encuentro Social (PES), Fernando Aboitiz Saro, acusaron que con esta l ey, Sheinbaum tendría atribución plena para disponer y modificar el presupuesto de la Ciudad, sin límite de monto y sin necesidad de que intervenga el Poder Legislativo, en desastre natural o emergencia sanitaria, como la que se vive.

Los morenistas hicieron algunos cambios a la propuesta original de la mandataria, pues establecieron que la jefa de Gobierno podrá aplicar las medidas de disciplina y equilibrio presupuestario, pero únicamente durante el ejercicio fiscal en el que duren los supuestos de emergencia sanitaria o desastre.

Empero, la redacción de ese ajuste enfrentó cuestionamientos del vicecoordinador del PRD, Jorge Gaviño, pues expuso que legalmente no se definen los alcances, límites y plazos de la emergencia sanitaria.

“Hablan de emergencia sanitaria: ¿Pero cuánto dura? ¿Quién lo determina? ¿Solo aplica en semáforo rojo o también en naranja, en amarillo o hasta el verde?”, argumentó con ironía el perredista, pero al final se impuso la redacción presentada a los artículos 23 bis y 28 de la Ley de Austeridad.

Con ello, la jefa de Gobierno podrá ordenar a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades reducciones a su presupuesto en los rubros de gasto que no constituyan un subsidio entregado directamente a la población (programas sociales). Es decir, los montos presupuestales de los programas sociales no serán modificados aunque se presente una contingencia.

Durante la discusión del dictamen, aprobaron una reserva del morenista Carlos Hernández Mirón, que obtuvo consenso desde una reunión previa de los asesores de diputados, quien, como es su costumbre, pretendió hacerla pasar como suya.

Dicha modificación establece que si una iniciativa de ajuste al presupuesto anual no se resuelve en comisiones, el documento pasará directamente al Pleno para su discusión y aprobación.

Para el perredista Víctor Hugo Lobo Román, esta redacción significa en los hechos una intromisión en la vida de los órganos autónomos, “y aunque se modifica la redacción original de la iniciativa que presentó la jefa de Gobierno, el cambio no significa una concesión ni un favor a los organismos autónomos locales”, acusó.

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