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La Coordinación Nacional de Monumentos Históricos que depende del INAH reprochó no haber sido consultado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) sobre el Proyecto del Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México (PGDU).

Arturo Balandrano Campos, coordinador nacional, manifestó su preocupación luego de que la dependencia capitalina a cargo de Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez se reservará toda la información del PGDU y que incluye su elaboración, contenido y la consulta pública.

A través de una carta enviada a la presidenta de la Unión de Colonos de San Ángel, San Ángel Inn y Tlacopac, Balandrano aclaró que seguirá pugnando por el respeto a los monumentos históricos y los inmuebles colindantes.

A unas horas de que las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Protección del Medio Ambiente y Vivienda de la Asamblea Legislativa dictaminen el proyecto del PGDU, organizaciones vecinales demandaron una consulta para generar un programa acorde con las necesidades de la población y no del sector inmobiliario.

Mediante una misiva entregada ayer a la Comisión de Gobierno, las más de 30 organizaciones exigieron sea rechazada y desechada la iniciativa enviada por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, por ser violatoria al derecho humano a la legalidad.

Argumentaron que el PGDU que será dictaminado este martes presenta una serie de violaciones tanto de procedimiento, así como a innumerables leyes.

Según las organizaciones como Suma Urbana A.C., La Voz de Polanco, Vecinos Colonia Villa Coyoacán, Ciudad Jardín, Avante, por mencionar algunas, el Programa General pone en riesgo las áreas de conservación patrimonial ya que desconoce los programas parciales y anula automáticamente la normatividad actual poniendo a disposición del sector inmobiliario la Ciudad a través de las decisiones discrecionales de los servidores públicos.

“Demandamos el pleno respeto a las normas vigentes y que se elabore un nuevo proyecto con la realidad una vez que entre en vigor el nuevo proceso de planeación dictado por la Constitución local”, sostuvieron.

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