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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la destitución del jefe delegacional de Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera, por incumplimiento de una sentencia de amparo, así como su consignación ante un juez y la de su antecesor en el cargo, el hoy diputado local José Manuel Ballesteros, por desacato.

Ayer los ministros resolvieron por unanimidad el incidente de inejecución de sentencia en el que se acusa al delegado por el PRD de haber omitido la expedición de cuatro nombramientos de verificadores, pagar diferencias de salarios y aguinaldos, así como otorgarles los elementos necesarios para el desempeño de su trabajo.

Los quejosos son Felipe del Callejo Garcidueñas, Diván Edgardo Pérez Corona, David Rubio Lozano e Ignacio Enrique Soto Vázquez, quienes desde el año 2014 ganaron un amparo para que el entonces delegado, José Manuel Ballesteros López —hoy diputado local—, les expidiera los nombramientos como verificadores o inspectores, conforme a las labores que realizaron desde noviembre de 2003 a marzo de 2005.

El amparo fue concedido por el juez Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo de la Ciudad de México desde el 29 de septiembre de 2014. Además de ordenar la destitución, los ministros mandaron consignar a Moreno Rivera y Ballesteros López ante un juez federal para ser juzgados por el delito de desacato.

Conforme a la Ley de Amparo, este delito no es considerado grave y puede significarles de cinco a 10 años de prisión e inhabilitación para desempeñar un cargo público por un máximo de 10 años.
¿QUÉ PASARÁ CON LA DELEGACIÓN? 

El fallo, de acuerdo con fuentes del máximo tribunal, es inédito, pues es la primera vez que la Corte ordena la destitución de un jefe delegacional. Hasta que ésta notifique la sentencia y publique el engrose, el delegado deberá permanecer en su cargo, luego el director General Jurídico y de Gobierno se asumirá como encargado de despacho.

Por ser una ausencia definitiva del delegado, el estatuto de gobierno local indica que la Asamblea Legislativa designa, a propuesta del jefe de Gobierno y por mayoría absoluta de los diputados, al sustituto para que termine el encargo.

En el caso de Ballesteros, la PGR deberá evaluar si procede o no a detenerlo en cumplimiento al fallo de la Corte. Esto, debido a que el Ministerio Público federal debe analizar si la sentencia de la Suprema Corte tiene el efecto de retirar el fuero a Ballesteros o si es necesario iniciar el proceso de desafuero en la Asamblea Legislativa.

Por ello, se prevé que el caso pueda regresar ante los ministros para que definan qué alcances tienen este tipo de sentencias en asuntos como éste.

“Fue injusta”. Tras reunirse con su equipo de trabajo y cancelar una conferencia de prensa que se tenía prevista en la Asamblea Legislativa, junto con el diputado Ballesteros, ayer por la noche, el jefe delegacional dijo que acatará la resolución de la Corte, la cual calificó de injusta e incluso, con tintes políticos.

Consideró que no se valoró que la actual administración cumplió con el laudo, al pagar las diferencias salariales y aguinaldo; otorgar el nombramiento de verificadores o inspectores, y la expedición de credenciales y órdenes de visita, lo cual, recalcó, es facultad de otra autoridad diferente a la delegación como es el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México.

“Es verdaderamente injusto el actuar del órgano constitucional, pues pareciera que el fallo dejó de tener fundamentos jurídicos y obedece más a tintes políticos que a valoraciones jurídicas”, precisó mediante un comunicado.

La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, calificó como una decisión increíble la que tomó ayer la SCJN.

A través de sus redes sociales, la senadora perredista indicó que su partido dará todo el apoyo al delegado Israel Moreno para enfrentar esta situación.

“Un juicio laboral no puede violar el derecho que tienen todos los ciudadanos de elegir quién los representa”, enfatizó.

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