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El Estado de México trabaja en la creación de un banco de voz de delincuentes que ya incluye un registro de cerca de 15 mil voces, especialmente de extorsionadores, quienes en muchas ocasiones actúan desde penales del Estado de México y la Ciudad de México, informó el fiscal General de Justicia mexiquense, Alejandro Gómez Sánchez.
Al reconocer que muchas de las llamadas de extorsión provienen de los penales, informó que se quiere impulsar, en todo el país, un registro de voz de todas las personas privadas de la libertad, tanto de las vinculadas a proceso como de las sentenciadas, “lo que nos permitirá tener un gran banco de datos.
“Nosotros estamos trabajando en un banco estatal de datos de voz. Ya tenemos miles de registros: la FGJEM tiene más de 5 mil y la Secretaría de Seguridad debe tener más de 9 mil”, indicó.
En tanto, la secretaria de Seguridad, Maribel Cervantes Guerrero, reconoció que 20% de las llamadas que provienen de penales están concentradas en Tamaulipas, Veracruz y el Estado de México.
Por ello “ya iniciamos el registro de voces o la huella de voz de las personas privadas de la libertad (...) de los 30 mil internos que hay en cárceles mexiquenses, ya tenemos 9 mil registros de voz, y esperamos que al concluir el año estén los audios de todos los presos, afirmó Cervantes Guerrero.
Agregó que Chiconautla, Neza Bordo y Barrientos son los penales en los que más se ha detectado a extorsionadores telefónicos.
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Apenas el 7 de febrero, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) dio a conocer la desarticulación de una banda de extorsionadores que operaba desde el penal de Chiconautla, en Ecatepec, dijo.
“Cada vez son menos las llamadas desde penales. Lo que sucede es que las personas privadas de su libertad más bien dan instrucciones a algún familiar o cómplice para que realice el delito afuera, pero la llamada no necesariamente sale del interior.
“Además de inhibidores [de señal], en Chiconautla, Neza Bordo y Barrientos, también trabajamos en materia de inteligencia, lo que nos ha permitido identificar a los internos según la organización a la que pertenecen, a fin de saber qué es lo que están haciendo”, detalló la secretaria de Seguridad.
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Asimismo, destacó que son las familias y los amigos de los reos quienes ingresan celulares a los penales, y precisó que el sistema penitenciario no cuenta con la tecnología necesaria para detectar teléfonos o armas punzocortantes, o de fuego.
“Le pedimos a la familia que si de verdad [quiere] una reinserción social no [lleve] estos artículos que los involucran en nuevos delitos”, dijo.
“Hoy hacemos operativos, recogemos 20 celulares, regresamos la próxima semana y hay otros 20; quitamos de 20 a 30 celulares por semana”, lamentó Cervantes Guerrero.
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