Toluca, Méx.— En comisiones legislativas, los diputados aprobaron tipificar el ecocidio en el Estado de México y sancionarlo con penas de hasta 12 años de prisión. Ahora, deberá pasar al pleno del Congreso para que sea avalado.
Durante la sesión de las comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia, y de Protección Ambiental y Cambio Climático, los legisladores informaron que el dictamen establece que quien cometa dicho delito se hará acreedor de seis a 12 años de prisión y de 500 a 2 mil días multa, siendo que la sanción vigente por delitos contra el ambiente es de dos a ocho años y de 30 a 150 días multa.
Según el dictamen aprobado, se amplía el catálogo de conductas sancionables, incorpora nuevas formas de contaminación como macroplásticos y contaminantes climáticos de corta vida; endurece las penas cuando se trate de incendios forestales en áreas naturales protegidas.
También establece agravantes claras cuando exista participación de servidores públicos o se utilicen instrumentos y vehículos para la tala ilegal, así como mecanismos de reparación del daño ambiental, obligando a las personas responsables a implementar acciones de restauración.
La diputada local de Morena, Sandra Patricia Santos Rodríguez, aseguró que el dictamen fortalece el andamiaje ambiental de la entidad, actualizando el Código Penal del Estado frente a conductas que han proliferado y que resultan ser altamente rentables.
“Esto no es un aumento simbólico de penas, es una señal clara de que el delito ambiental ya no será tratado como una falta administrativa tolerable, sino como lo que es, una agresión directa contra la salud pública, los ecosistemas y el derecho humano a un medio ambiente sano. El Estado de México no será territorio permisivo para quienes lucran con la devastación”, subrayó.
En su oportunidad, uno de los diputados promoventes de la iniciativa, el morenista Javier Cruz indicó que en los últimos años ha incrementado la tala ilegal, la contaminación de cuerpos de agua, contaminaciones atmosféricas y el manejo inadecuado de residuos peligrosos.
“Las sanciones vigentes resultan insuficientes frente al daño ocasionado y no contemplan nuevas modalidades de afectación derivadas del desarrollo tecnológico o urbano. El dictamen incorpora agravantes cuando el daño sea irreversible, afecte ecosistemas estratégicos o especies en peligro de extinción, o cuando el responsable sea un servidor público que traicione la confianza ciudadana”, expuso.
La diputada Itzel Guadalupe Pérez Correa, del PVEM, agregó que en una entidad que ocupa el noveno lugar nacional en biodiversidad con casi 5 mil especies, es necesario fortalecer su marco legal frente al deterioro ambiental.
“Con la reforma también se castigará la realización de obras sin autorización ambiental considerando que quienes no cumplan con las medidas para evitar daños ecológicos y los documentos que acrediten que el impacto ambiental es mínimo y es viable, la obra estará incurriendo en un delito... no se puede construir ignorando el impacto ambiental”, expuso.
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