Acusan negligencia de MP en feminicidios

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Toluca, Méx.— Érika Aranda Vázquez acudió a tres fiscalías regionales del Estado de México para levantar una denuncia por la desaparición de su hija Ximena, de 16 años, en mayo del año pasado, pero en todas se negaron; dos meses después la encontró en la fosa común del panteón de San Lorenzo, en Zumpango. Entonces un juez dictaminó que debe esperar siete años para recuperar el cuerpo.

El 10 de mayo de 2018 fue la última vez que supieron de ella sus padres, cuando respondió el mensaje de felicitación por el Día de las Madres que su mamá le mandó por WhatsApp.

Su hija se fue de su casa en Melchor Ocampo a vivir con su novio en Zumpango hacía un par de meses, aunque sus padres no estaban de acuerdo: “No podíamos sino admitirlo para siquiera saber dónde estaba viviendo”.

Los padres relataron que luego de una semana de no saber de ella, Érika y su esposo Juan Carlos fueron a buscarla a la casa de su pareja sentimental, un hombre “mucho mayor que ella”, conductor de un taxi en esa zona del Estado de México, pero no tuvieron éxito, les dijo que hacía días que lo había abandonado y no sabía más, por lo que acudieron al Ministerio Público para iniciar con su localización, pero les negaron el servicio.

“Fuimos al Ministerio Público en Zumpango y la señorita que nos atendió nos puso varias trabas; nos pedía un acta de nacimiento certificada, también su última dirección y yo sabía cómo llegar pero no el código postal, después dijo que no había sistema. Hubo muchos problemas y no me hicieron caso”, explicó.

El 16 de julio acudió al Ministerio Público en Cuautitlán, donde “me ofendieron y me culparon en caso de que a ella le pasara algo”; luego nos canalizaron a Tlalnepantla, en donde nos informaron que tenían un cuerpo con las características de mi hija.

“Nos decían que estaba en el Semefo, porque había tres mujeres ahí y tres más en la fosa común, con las características de mi hija. Resultó que a ella la localizaron muerta el 16 de mayo”, precisó Juan David Sánchez, padre de la víctima.

Explicó que a Ximena la identificaron con pruebas genéticas y fue hasta noviembre que Sonia Negrete, fiscal de Feminicidio de Tlalnepantla, les envió un mensaje informándoles que ingresó un oficio para exhumarla pero el juez les negó esta posibilidad hasta después de siete años: “Con la desesperación encontré en Facebook a la organización de Frida Guerrera, nos asesoró y en diciembre recibimos el cuerpo de mi hija”.

Inconsistencias. Abusos de autoridad, irregularidades en las investigaciones, corrupción y el intento por desestimar casos de feminicidios para documentarlos como homicidios, son una constante en los Ministerios Públicos de las Fiscalías Regionales del Estado de México, denunció Verónica Villalbazo, representante de la organización Frida Guerrera.

El martes pasado, acudió a la tercera reunión con el fiscal General de Justicia, Alejandro Gómez Sánchez, para exponer 18 casos recientes de muertes de mujeres ocurridos entre 2018 y 2019, de los cuales tres son menores de edad.

Se trata de carpetas de investigación “plagadas de inconsistencias”, que en muchos casos no avanzaron porque policías ministeriales o el Ministerio Público pidieron a los familiares dinero para cumplir con ciertas diligencias; otros en donde no les permitieron establecer denuncias por la desaparición de sus hijas o que se encontraron con el estigma de que “se fueron con el novio o pareja sentimental, ya volverán”.

La activista informó que brindan acompañamiento en 60 casos en los cuales hay por lo menos 20 niños huérfanos desamparados, hijos de víctimas de feminicidio, pues ni el victimario ni la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas pagaron la indemnización que la ley estipula.