Tipificarán violencia obstétrica como delito

La propuesta se da en atención a la solicitud de Alerta de Violencia de Género

Se impondrán de tres a seis años de prisión y multa a quien no brinde atención oportuna y eficaz a las mujeres en emergencias del embarazo. (CONGRESO DE COAHUILA)
Estados 26/05/2018 02:30 Francisco Rodríguez / Corresponsal Actualizada 02:54
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Torreón.— El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, envió una iniciativa al Congreso estatal para reformar el Código Penal e incluir el delito de violencia obstétrica con castigos de hasta seis años de prisión y multa a quienes incurran en dichos actos.

La propuesta se da en atención a la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres del municipio de Torreón, interpuesta el año pasado. También en “promoción y protección del goce y el pleno disfrute de los derechos humanos”, se lee en la iniciativa.

La propuesta pretende incluir el artículo 250 bis (Violencia Obstétrica), donde se impondrá de tres a seis años de prisión y multa a quien incurra en conductas como: no atender o no brindar atención oportunidad y eficaz a las mujeres en emergencias obstétricas del embarazo, parto o puerperio; altere el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante uso de técnicas de aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer.

Asimismo, cuando se practique el parto vía cesárea, existiendo condiciones para el parto natural, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer o imponga o niegue, bajo cualquier medio, el uso de métodos anticonceptivos sin que medie el consentimiento voluntario expreso e informado de la mujer. Se impondrá una pena de seis meses a tres años de prisión y multa, a quien trate de forma inhumana, degradante o denigrante a la mujer durante el embarazo, parto o puerperio.

Dichas conductas aplicarán a quien ejerza funciones en instituciones públicas o privadas. Además, se podrá imponer la suspensión para ejercer la profesión o, en caso de servidores públicos, la inhabilitación para el desempeño del empleo, cargo o comisión públicos, por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta, así como la destitución.

Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, en los últimos cinco años en México, 33.4% de las mujeres entre 15 y 49 años que tuvieron un parto, sufrieron maltrato por parte de quienes las atendieron. Señala también que 3.7 millones de mujeres que tuvieron cesárea, 10.3% no fue informada de la razón y, a 9.7% no le pidieron autorización para realizarla.

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