La cifra de muertos por los disturbios que se registraron en el penal de Cadereyta ascendió a 16, de los cuales falta por identificar tres cuerpos, y permanecen 36 heridos reportados fuera de peligro, informó el gobierno de Nuevo León.

Aldo Fasci Zuazua, vocero de Seguridad, y el procurador de Justicia, Bernardo González Garza, indicaron que 54 internos están siendo investigados como presuntos responsables del amotinamiento, así como de lesiones a otros presos y a la policía.

Sin embargo, las cifra oficial no ha convencido a los familiares de los internos, quienes acusan que hubo más fallecidos por la gran cantidad de detonaciones de arma que se escucharon y acusaron que las autoridades no les han permitido ver a sus parientes o por lo menos hablar por teléfono con ellos, a diferencia del motín anterior en el que se adelantó la visita.

La incertidumbre de no saber la suerte de los presos hizo que ayer se presentaran varios conatos de violencia cuando un grupo de familiares, principalmente mujeres, pretendió forzar la entrada del portón de acceso al reclusorio y fue repelido con gases lacrimógenos por la Fuerza Civil que custodia el inmueble.

Fue hasta ayer cuando autoridades dieron a conocer en conferencia la lista de reos fallecidos y, simultáneamente, en el centro de reclusión personal de Fuerza Civil y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos proporcionó la misma información a los familiares presentes.

Los 13 internos identificados son: Manuel Torres Avendaño, Fernando Escobar García, José Isabel Acuña Hernández y Rolando Arredondo Galaviz, del fuero federal. También Marco Antonio Martínez García, Jorge Gonzalo Valderrama Moreno, Jesús Guadalupe Salazar Alvarado, Roberto Adrián Vázquez Monsiváis, Raúl Barrera Olvera, Justin Brian Olvera Rodríguez, Francisco Rafael Rosales Escobar y Lázaro Salvador Macías Reyna, del fuero común. Del reo Alfredo Avilán Zúñiga no sé especificó por qué estaba preso.

Fasci rechazó que los policías hayan incurrido en violaciones a los derechos humanos por haber utilizado armas de fuego.

“Se tomaron las medidas que se tenían que tomar. Estamos abiertos a que las organizaciones de Derechos Humanos y la Comisión Estatal, incluso la Comisión Nacional (de Derechos Humanos), nos acompañen en todo este procedimiento”, afirmó.

Condena la ONU. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), por medio de la Oficina contra la Droga y el Delito (UNODC) y para los Derechos Humanos (ONU-DH), condenó la violencia en el penal de Cadereyta y pidió a las autoridades del estado conducirse en una investigación pronta que esclarezca los hechos.

“Resulta imprescindible que se ponga fin a los brotes de violencia al interior de los centros de privación de libertad de Nuevo León, investigando de manera efectiva los hechos sucedidos con anterioridad en los penales de Topo Chico, Apodaca y en el propio Cereso de Cadereyta”, señaló.

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