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Juchitán de Zaragoza, Oaxaca

En dos meses, Santa María del Mar cumplirá 10 años de no tener energía eléctrica, agua potable, un camino carretero, servicios educativos ni de salud regulares ni una tienda comunitaria. Son 300 las familias que viven en esta comunidad huave o ikoots, agencia municipal de Juchitán de Zaragoza que está asentada en una franja de tierra flanqueada tanto por la laguna Superior como por el océano Pacífico.

Aquí se vive como en una prisión de agua, dicen los vecinos. Sólo se entra y sale por mar desde el 18 de octubre de 2009, fecha en la que sus hermanos huaves de San Mateo del Mar bloquearon el único camino carretero que los conecta con el resto del estado de Oaxaca y que ya causó la muerte de tres personas.

Ambos pueblos del Mar comparten una franja de tierra y un solo camino que los lleva hasta Salina Cruz y de allí a la carretera federal, pero tras la reactivación de un conflicto agrario, en el que se disputan 3 mil 773 hectáreas de tierra, el camino fue cerrado.

La pugna se debe a que en 1984 el gobierno de Miguel de la Madrid otorgó, en una resolución presidencial, ese territorio a Santa María del Mar, mismo que San Mateo considera suyo, según títulos primordiales antiguos.

Fue entonces cuando los comuneros de San Mateo del Mar invadieron —ellos alegan que “recuperaron”— mil 93 hectáreas de esas tierras.

Sin electricidad convencional

Un rústico muelle de madera recibe a las pequeñas embarcaciones de motor que por 15 minutos rompen ocho kilómetros de la laguna Superior, en el golfo de Tehuantepec.

Junto al muelle, una hilera de lanchas de motor atracadas a orillas de la laguna esperan una mejor temporada para salir a pescar, pues los peces se han alejado por el pestilente olor causado por la acumulación de las macroalgas que no logran alejarse de la playa, porque la bocabarra está cerrada desde hace siete años y no hay suficiente oxigenación.

Para llegar a Santa María se toma la lancha comunitaria desde El Faro, en San Dionisio del Mar. Se cobran 30 pesos por pasajero, y 20 por bulto. En caso de un servicio especial el costo es de 500 pesos, así que los pobladores son puntuales con los cinco horarios de viaje durante el día.

Al pie del muelle una pequeña redila espera a los habitantes y les cobra cinco pesos el viaje hasta el pueblo. Un kilómetro de distancia es el recorrido de camino salinoso. La entrada del pueblo comienza con los postes de luz que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) colocó hace más de 30 años, pero que no funcionan desde hace más de una década.

Además del bloqueo carretero, San Mateo del Mar tiró los postes de la CFE que pasaban por sus tierras, dejando a Santa María sin el servicio, así que los postes y los cables sólo adornan el camino. Fue por eso que la llegada de paneles solares para dotarlos de energía fue celebrada en la comunidad. Pero hoy los habitantes se sienten engañados por este programa.

Tras engaño... esperanza

Desde los patios de las primeras casas se notan unos paneles cimentados sobre un tubo. Después de 10 años, el gobierno federal, con la gestión de la pasada administración municipal, se comprometió a dotar a 273 viviendas con paquetes solares para alimentar un refrigerador, una televisión, focos ahorradores y para cargar celulares.

La noticia de luz solar dio esperanza al pueblo, pero cuando comenzaron las primeras instalaciones, a principios de año, la empresa Solarvatio, responsable del proyecto de electrificación, le entregó a cada beneficiario un contrato en el que se especifica que deben pagar 7 mil 152 pesos en cuatro años. La cantidad está dividida en 48 pagos mensuales de 149 pesos, como “cuota de sostenibilidad”.

Este cobro tomó por sorpresa a los pobladores, pues creyeron que el proyecto sería gratis por estar incomunicados y sin energía por más de una década. Aseguran que no se les aclaró que los paquetes tendrían costo.

“Nos engañaron, no nos dijeron desde un principio que tendría un costo, empezaron a hablar de 149 pesos cuando ya tenían instalados más de 100 paneles en las casas. Si me hubieran dicho que tenía que pagar, no le entro, me quedo con un viejo panel que tengo, para qué me endrogo”, dice decepcionado Antonio de Jesús Bartolo, secretario de Administración de la Cooperativa Pesquera Fuerza del Pueblo.

Agrega que en Santa María del Mar no se cuenta con los recursos para costear los equipos solares: “Aquí estamos jodidos, no tenemos buena pesca, apenas sobrevivimos, no estamos para pagar 149 pesos al mes a una empresa”, asegura.

El contrato está fechado el 2 de abril de 2019 por la empresa Solarvatio y Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, en su carácter de fiduciaria del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica.

Su objetivo es “desarrollar acciones de electrificación mediante el componente de apoyo de instalación del sistema fotovoltaico fuera del sistema eléctrico en comunidades rurales y zonas urbanas marginadas”, justo como es el caso de este pueblo.

“Dijeron que es una ayuda, pero dónde está la ayuda si nos van a cobrar, prácticamente le están vendiendo a cada habitante los paneles, es un negocio de la empresa. Nos salía más barato antes con CFE, que pagábamos 70 pesos cada dos meses”, explica Aníbal Cruz, tesorero de la agencia municipal, quien agrega que la comunidad analiza no pagar las cuotas, pese a que la empresa les advirtió que si no lo hacen “se retiran y no nos dan el servicio de mantenimiento de los paneles”.

De acuerdo con el contrato, durante los cuatro años que duren los pagos, Solarvatio se compromete a dar mantenimiento preventivo, remplazo de baterías o cambio de paneles si dejan de funcionar.

Bonifacio Jiménez, regidor de Obras Públicas de Santa María del Mar, dice que el pueblo tiene varias propuestas que planteará en una asamblea. Una de ellas es que cada familia con paneles pague 50 pesos mensuales, que serían administrados por un comité, lo que garantizaría que el recurso no salga del pueblo y no se lo lleve la empresa. Esos fondos serían para la reparación de los equipos, que harán los jóvenes de la comunidad.

“Nunca se les engañó”

Luis Alberto Calderón, representante legal de la empresa Solarvatio, explica que de las cinco empresas que visitaron Santa María del Mar con la intención de electrificarla, la suya ganó la licitación y dice que desde las primeras reuniones se dejó claro el objetivo de la cuota de sostenibilidad, misma no fijaron ellos, sino el Fondo de Servicio Universal Eléctrico.
“Tenemos un documento firmado donde aceptaban desde un principio. Nunca actuamos de mala fe. La cuota de sostenibilidad es para remplazar las baterías y dar mantenimiento para que les dure cuatro años más”, señala Calderón.

Explica que debido a que la comunidad no cuenta con las condiciones económicas, la opción es que realicen una asamblea y levanten un documento donde describan que no existen recursos para pagar: “Yo lo presento ante el fondo, para ampararme, porque todo ha sido mi inversión y hasta ahora no se les ha cobrado un solo peso”, afirma.

Mientras tanto, la única esperanza que tienen los habitantes en Santa María del Mar es la promesa que hizo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para que la Secretaría de Energía (Sener) instale una granja solar de 40 millones de pesos que abastezca de energía a los hogares ikoots. El proyecto aún no se ha aterrizado y las autoridades no conocen los detalles en sí, pero ya limpiaron un terreno de dos hectáreas que será destinado a la granja.

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