Zacatecas.— El Ocelot —vehículo táctico con blindaje nivel 7— avanza al frente del convoy de una Base de Operaciones Interinstitucional (BOI) en marcha.
Su misión puede ser la instalación de un punto de inspección urbana, un patrullaje de rutina o el despliegue táctico hacia las dos regiones de mayor atención: en el sur, colindante con Jalisco y Aguascalientes, donde opera el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), o en el norte, en los límites con Durango, bajo la influencia del Cártel de Sinaloa.
En cualquier despliegue, la orden es la misma: internarse en zonas urbanas, serranas o rurales para ubicar los objetivos prioritarios que dictan los mapas de inteligencia.

Detrás del vehículo blindado avanzan soldados, elementos de la Guardia Nacional y policías estatales en una organización táctica capaz de desplegarse por horas en las rutas de mayor riesgo. Ahí, los reconocimientos estratégicos han permitido desde la localización de casas de seguridad y narcolaboratorios hasta el desmantelamiento de células dedicadas al cobro de piso y al tráfico de armas.
Cada unidad ocupa un lugar calculado que cambia de ritmo en cualquier momento. Los patrullajes o misiones especiales parten desde las instalaciones militares tras el Briefing, la reunión donde el comandante a cargo define las órdenes a partir de la información de inteligencia acumulada.
La consigna es mantener la coordinación entre el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la fiscalía e incluso corporaciones municipales bajo un esquema horizontal. “Nadie es subordinado de nadie; cada quien tiene sus facultades, sólo es una forma de trabajar coordinados y compartimos el mismo despliegue”, aclara el capitán William Noé Soto Montaño, al mando de una BOI del 52 Batallón de Infantería, conformada por cuatro vehículos del Ejército, dos de la Guardia Nacional y dos de la Policía Estatal.
Una operación ordinaria puede comenzar con conos rojos, como la que aplicó el capitán Soto sobre la carretera a Sauceda de la Borda, en el municipio de Guadalupe. A la señal de alto, los militares bajan de sus unidades y comienzan la “inspección ciudadana”.
Los elementos seleccionan objetivos visuales prioritarios: motociclistas con mochilas o maleteros, conductores jóvenes, transporte de carga, vehículos con vidrios polarizados y cualquier patrón de conducta sospechoso.
Este despliegue urbano es una cara de la estrategia, pero también están las bases que operan mediante patrullajes para acciones específicas con otro tipo de logística y equipos tácticos, bajo el estudio previo de inteligencia en las regiones norte y sur de la entidad.
Tras la masacre del pasado 18 de julio, cuando 10 personas fueron ejecutadas y abandonadas en tres municipios —entre ellas seis empresarios y dos funcionarios del ayuntamiento de Fresnillo—, los focos rojos de la violencia se encendieron en esta región.
La agresión, atribuida a células del Cártel de Sinaloa, detonó la intervención directa del gobierno federal mediante el envío de 580 efectivos militares, reforzados con 100 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, soporte aéreo y patrullajes a pie para peinar la franja serrana que colinda con Durango.
A través de la Operación Rastrillo, la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas desmanteló 12 campamentos clandestinos e instalaciones tácticas, seis narcolaboratorios de drogas sintéticas, siete casas de seguridad y dos pistas de aterrizaje clandestinas.
En este contexto, el 19 de agosto en Jiménez del Teul, las autoridades incautaron un complejo de cabañas con dos narcolaboratorios, vehículos, droga, armas, explosivos y animales exóticos, sumado al desmantelamiento previo de una casa de seguridad en Sombrerete con el resguardo de un tigre.
En la franja sur-sureste, el despliegue de las fuerzas de élite se intensificó en los límites con Jalisco, Aguascalientes y San Luis Potosí.
Previo a esta escalada, reportes del 52 Batallón de Infantería daban cuenta del blindaje en los municipios de Pinos, Luis Moya, Ciudad Cuauhtémoc, Concepción del Oro y la zona conurbada.
En agosto, las investigaciones en esta región derivaron en 29 cateos, 195 órdenes de aprehensión y 200 operativos interinstitucionales, dando continuidad a la ofensiva de junio, mes que registró el pico más alto del año con 62 órdenes de aprehensión y 54 apoyos tácticos.
Sin embargo, la alerta se encendió tras el ataque del pasado 30 de agosto, cuando un cochebomba detonó frente a la comandancia de Ojocaliente, con un saldo de 11 personas lesionadas y numerosos daños en viviendas y vehículos.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en el cochebomba se utilizaron unos 200 kilogramos de explosivo industrial; el hecho que se atribuye al CJNG.
García Harfuch destacó la captura de Juan Pedro “N”, señalado como el autor material del ataque; Hipólito “N” y Miguel “N”, vinculados a labores de vigilancia para una célula que opera en Aguascalientes y Zacatecas. Tambén se detuvo a cuatro personas más por extorsión y otros delitos.
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