Monterrey.- La agrupación Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos rechazó la intención del gobierno de Nuevo León de incrementar en un 20 por ciento el costo del transporte urbano en horario nocturno, así como obligar a las empresas a contratar servicio privado de transportación, porque ahondaría la desesperada situación económica que viven muchas familias y pondría en riesgo la viabilidad de los centros de trabajo.

La agrupación que dirige Consuelo Morales Elizondo señaló que en el contexto de la , las medidas respecto al transporte público anunciadas por el gobierno de Nuevo León “son un abuso y un golpe económico para las familias más vulnerables, además de no ser una medida efectiva para evitar la propagación del virus”.

El posicionamiento de Cadhac, se dio luego que el gobierno del estado anunció la intención de incrementar un 20% el costo del transporte público entre las 23:00 y las 5:59 horas, al tiempo de exigir a las empresas que brinden servicio de transporte privado a sus trabajadores como condición para que se les permita operar.

Dichas medidas serían con el propósito de disminuir los contagios de coronavirus, que durante dos semanas han registrado más de 600 y 700 casos por día.

Ante esta postura, señaló Cadhac, el gobierno del estado de Nuevo León debe tomar las medidas necesarias para garantizar que los usuarios puedan seguir desplazándose a sus trabajos con tranquilidad y seguridad y sin mayores costos.

Puntualizó que estas medidas que se pretenden imponer “no harán más que dañar la economía de miles de familias que dependen del transporte público para sus actividades esenciales”.

Y asimismo dijo, es injusto que, en medio de la crisis económica, el gobierno pretenda que se cobre más a las personas que trabajan en horario nocturno o que, al terminar su jornada laboral, tengan que emprender a pie un largo trayecto para regresar su domicilio.

La asociación civil consideró que, en el contexto económico y social agravado por la pandemia de covid-19, obligar a las empresas a adoptar sistemas de transporte privado para sus empleados, puede repercutir en la estabilidad financiera de miles de centros de trabajo, agravando la crisis económica y provocando una eventual afectación para los trabajadores y para la comunidad en general.

Igualmente, Cadhac externó su preocupación porque en días recientes se impusieron cientos de multas a choferes de transporte público por no usar cubrebocas o por usarlos inapropiadamente, además de permitir que usuarios no lo portaran.

Al respecto señaló que si bien el estado tiene el deber de proporcionar un transporte público seguro, debería privilegiar el diálogo con las empresas de transporte y brindar asesoría experta para el diseño de protocolos durante la pandemia y que las empresas proporcionen a sus trabajadores todos los elementos de protección necesarios, incluyendo cubrebocas.

Y en caso de que haya acciones que realmente ameriten una sanción económica, se debería multar a las empresas de transporte, no a sus empleados, asentó.

Destacó que el aumento en el número de contagios manifiesta que las medidas tomadas hasta ahora por el gobierno del estado no han sido eficientes y atentan contra los derechos humanos.

Finalmente señaló Cadhac, es cada vez más evidente que el gobierno estatal busca usar la pandemia para recaudar dinero de las personas más necesitadas.

afcl

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