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Tijuana.— Un total de 250 mesas de consulta serán colocadas este domingo en el estado para conocer el sentir de los ciudadanos sobre si prefieren un gobierno de cinco o dos años; el resultado será decisivo para definir si la Ley Bonilla es enviada al Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial de Baja California.

El gasto para realizar la consulta fue de alrededor de 250 mil pesos, los cuales serán financiados por aportaciones de los legisladores, representantes populares, militantes de partidos políticos, grupos de la sociedad civil, y todo aquel que desee cooperar con algún donativo.

Los residentes aún desconocen en qué consiste la consulta y qué facultades tiene según el resultado, incluso muchos ni siquiera están enterados de que habrá un evento en el estado para conocer la opinión de la gente con respecto al periodo que debería durar la siguiente gubernatura encabezada por el morenista Jaime Bonilla Valdez.

“No sé de qué me habla”, dijo Juana Albarrán, un ama de casa que en las elecciones pasadas salió a votar y pensó que con ello ya había terminado cualquier tema relacionado con los comicios, “yo no pongo tanta atención a eso, uno cumple con ir y ahora le ponen peros… nadie tiene tanto tiempo”.

Justo para facilitar el proceso de la consulta, la presidenta de la Comisión Especial para la Consulta Ciudadana, Miriam Elizabeth Cano Núñez, explicó que en la boleta sólo habrá una pregunta sobre si prefieren un proyecto que gobierno que dure cinco o dos años para la siguiente administración estatal.

Dijo que la consulta tiene como fundamento jurídico el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legis-lativo de Baja California, ya que expone que las comisiones del Congreso… cuyo objeto lo constituye el estudio, consulta, supervisión, vigilancia, investigación, opinión o dictamen de los asuntos que esta ley o la Mesa Directiva les atribuya o encomiende”.

Las 250 mesas de consulta que serán colocadas en los 17 distritos de la entidad empezarán funciones a partir de las 9:00 y hasta las 17:00 horas, las cuales serán integradas y atendidas por un presidente, un secretario y un escrutador, además de que se contará con los observadores que deseen registrarse.

Ayer, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, mantuvo una gira de trabajo en el sur del estado. Pese al rechazo que ha manifestado a la consulta, dijo que no intervendría.

La consulta popular fue una decisión que tomó el nuevo Congreso del estado después de la reforma al artículo octavo del decreto 112, que amplía el siguiente periodo gubernamental que votaron a favor los legisladores de la administración pasada sin que enviaran el documento al gobernador para que éste la publique en el Periódico Oficial de Baja California.

Dicha reforma ha ocasionado críticas de diferentes organismos como los empresariales, quienes interpusieron un amparo para frenar la ampliación o la controversia constitucional en la que piden la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para también evitar que el siguiente gobierno estatal aumente tres años.

Los integrantes de la comisión son los diputados Miriam Cano, presidenta; Eva Rodríguez, secretaria, y María Luisa Villalobos, Fausto Gallardo, Víctor Navarro y Juan Manuel Molina.

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