La colonia Magisterio Democrático, donde fue atacado a balazos un encuestador del Censo de Población y Vivienda 2020, el pasado 9 de marzo, se localiza dentro de un polígono que las autoridades califican como “zona insegura”, pero los funcionarios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi ), que sabían esa información, no pidieron el apoyo de Seguridad Pública.

La denuncia la hizo Rodolfo Marín Santiago , hermano de Mauricio, el trabajador del Inegi que recibió cuatro balazos cuando llevaba una semana laborando. “En el Ministerio Público (MP) de Tehuantepec me dijeron que en los preparativos del censo ya se les habían dicho a los del Inegi que esa zona es insegura”, dijo a EL UNIVERSAL.

Mauricio Marín sobrevivió al ataque armado , fue atendido en el hospital del ISSSTE y el pasado 24 de marzo fue intervenido en el brazo izquierdo, en el que recibió dos balazos que le dejarán una movilidad de entre 70 y 80%.

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Para que sea dado de alta necesitará siete meses de rehabilitación después de su última cita médica con el traumatólogo, el 27 de junio. El problema para Mauricio es que el Inegi sólo va a mantener su seguro médico hasta el 30 de abril. Ni siquiera, explicó su hermano Rodolfo, le alcanzará para su primera cita post operatoria, prevista para el 27 de este mes.

Rodolfo acudió a la capital, se entrevistó con el coordinador estatal del Inegi, Dagoberto Balbuena, quien en lugar de ayudar a su hermano, le dijo que debería devolver la mitad de los 3 mil 900 que le pagaron de su primera quincena, porque “ya estaba incapacitado cuando salió su salario y las incapacidades sólo se cubren en 50%”.

“A mi hermano le van a quitar el servicio médico del ISSSTE y nadie del gobierno le ha ofrecido ayuda económica para enfrentar la pandemia. Se quedó sin trabajo y el Inegi quiere se le devuelva la mitad de la primera y única quincena que le pagó. Lo están abandonando”, lamentó Rodolfo Santiago.

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Tras el ataque que sufrió Mauricio, de 37 años, las autoridades estatales del Inegi solicitaron el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) para resguardar la integridad de los más de 100 entrevistadores que laboraban en ese momento en Juchitán.

“Cuando volvimos a trabajar en el censo, después de la agresión que sufrió el compañero Mauricio, llegaron elementos de la Policía Estatal a acompañarnos, pero sólo nos dejaban en nuestras áreas de trabajo y se retiraban”, recuerda el entrevistador Porfirio Díaz, quien agrega que desde su curso de capacitación, los representantes del Inegi les informaron que en Juchitán nadie levantaría el censo con dispositivos digitales para evitar asaltos.

EL UNIVERSAL buscó la postura del Inegi pero hasta el momento no hay respuesta.

asgs

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