Persisten abusos contra pueblos originarios a 25 años de los Acuerdos de San Andrés

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- A 25 años de la firma de los incumplidos acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígenas, los pueblos originarios de Chiapas mantienen su lucha por una vida digna en autonomía, la defensa territorial y libre determinación, en un contexto de militarización, despojos y amenazas institucionales, aseguró el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

Dichos acuerdos fueron suscritos el 16 de febrero de 1996 por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno mexicano, sin que a la fecha se cumplan de acuerdo con el documento establecido.

El Frayba expuso en un documento que los "signos de guerra" y desgaste contra los pueblos originarios continúan y las reformas constitucionales que el Estado mexicano ha realizado están orientadas a beneficiar " al gran capital que alimenta la maquinaria de muerte”.

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Según la ONG, integrantes de pueblos originarios "son silenciados con la muerte" o privados arbitraria e ilegalmente de la libertad cuando actúan en defensa de sus territorios.

Con ello, sostuvo, el derecho a la libre determinación y la autonomía, son violados de manera sistemática para que el gobierno continúe megaproyectos como el Proyecto Integral Morelos, el Tren Maya, el Corredor Interoceánico Salina Cruz-Coatzacoalcos y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México-Parque Ecológico Lago de Texcoco.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas expuso que los Acuerdos de San Andrés compilaron en buena parte las aspiraciones de los pueblos originarios del país, pero la pretensión del documento de crear un marco legal hacia una nueva relación entre pueblos originarios y el Estado, para que reconozca y respete el derecho a la libre determinación y autonomía comunitaria fue incumplida.

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Esa falta constante de respeto a los pactos de paz está vinculada con la ofensiva a los pueblos organizados, y ataques a organizaciones que participaban, como la Comisión Nacional de Intermediación, que encabezó el obispo Samuel Ruiz García, quien en junio de 1998 renunció con su equipo a la mediación entre el gobierno y el EZLN.

Ante ello, agregó el Frayba, los pueblos en lucha y resistencia continuaron organizándose ante el gobierno que persistió con violaciones a derechos humanos, como la matanza de Acteal, el 22 de diciembre de 1997.

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