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.- En 2021, siete activistas fueron ejecutados extrajudicialmente en Oaxaca, con lo que la entidad se ubicó como la que tiene mayor número de defensores asesinados , según un informe publicado por el Comité Cerezo.
Los activistas ejecutados en el estado fueron Fidel Heras Cruz y Jaime Jiménez Ruiz de la Coordinadora de Pueblos en Defensa del Río Verde (Copudever); Federico de Jesús Gutiérrez, Oliverio Martínez Merino, Flor de Jesús Hernández y Marcelino Álvarez González, del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui; y Manuel Cartas Pérez, del Frente Popular Revolucionario (FPR).
A Oaxaca le sigue Chiapas con cinco activistas asesinados, Sonora con cuatro, Morelos y Guerrero con dos casos cada uno; en el resto de los estados documentados, hubo un caso por entidad federativa.
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Defensores fueron ejecutados extrajudicialmente
En total, de acuerdo con el informe, 25 defensores fueron ejecutados extrajudicialmente.
Estas cifras, explica el Comité Cerezo, corresponden a los casos que cumplen con los elementos de una ejecución extrajudicial.
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De acuerdo con el comité, los autores fueron agentes del Estado “bajo la modalidad de comisión o aquiescencia”, por motivos políticos, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras de derechos humanos estaban realizando.
De estos estados, Chiapas, Campeche y Veracruz tienen un gobierno estatal encabezado por Morena; en Oaxaca, Guerrero, Sonora, Hidalgo y Colima gobierna el PRI; mientras que en Jalisco gobierna Movimiento Ciudadano y en Morelos, el Partido Encuentro Social.
De las personas ejecutadas, 12 defendían el derecho al territorio, cinco defendían derechos humanos relacionados a la vida digna, cuatro de las víctimas defendían derechos relacionados al medio ambiente.
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Mientras que hubo dos víctimas de ejecución extrajudicial que se dedicaban a defender los derechos humanos y un caso de una persona que defendía la libertad de expresión y los derechos laborales.
En cuanto al porcentaje de ejecuciones extrajudiciales en contra de personas defensoras de derechos humanos por sexo, las mujeres representan un 12% con tres víctimas, mientras que el resto, 22 víctimas hombres, fueron 88% del total de víctimas.
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En nueve casos, 32%, se sabe que las víctimas de ejecución extrajudicial eran personas defensoras de derechos humanos que pertenecían a un pueblo indígena; y en 68% eran mestizas (19 casos).
“Es importante decir que en cuatro casos no pudimos determinar con base en la investigación la pertenencia o no a un pueblo indígena de las víctimas”, señaló el comité defensor de derechos humanos.
“Cabe resaltar que el número de víctimas de ejecución extrajudicial que pertenecen a un pueblo indígena siempre ha representado un porcentaje elevado, si se mira desde una perspectiva proporcional al número de habitantes indígenas con respecto a la población en general en México”, sostiene el informe.
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om/nv
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