Los Ángeles.— La deportación, desde Estados Unidos, el jueves, de la mexicana Rocío Rebollar Gómez complica mucho su situación, advierten abogados, según los cuales, habría sido mejor que Rebollar se ocultara de la justicia estadounidense y se quedara como prófuga.

“En casos donde sabemos que no podemos ganar porque desafortunadamente la ley no está a favor, se tiene que hacer todo lo posible para evitar que la saquen y eso también en ocasiones incluye que se quede indocumentada y, a veces, prófuga”, expuso a EL UNIVERSAL el abogado experto en migración Alex Gálvez.

Rebollar, de 50 años y quien llevaba viviendo 31 en la Unión Americana, fue deportada el jueves desde San Diego a Tijuana, a pesar de ser madre de un teniente del ejército de Estados Unidos y de ser una pequeña empresaria bien asentada en aquel país. La razón: es indocumentada. Ni siquiera pudo despedirse de sus hijos, Gibrán Cruz, segundo teniente de inteligencia del ejército estadounidense, y de Karla.

Rocío había sido deportada a Tijuana dos veces: en la década de los 80 y otra en los 90, lo que complica el panorama.

“Hubiera sido mejor que se moviera de lugar y simplemente ya no acudiera —a la solicitud de extensión de deportación— al edificio federal —en San Diego, California— y quedarse en las sombras, como millones, a la espera de una reforma de migración”, comentó Gálvez.

En los tiempos del presidente Donald Trump, añadió, tener un hijo en las fuerzas armadas de Estados Unidos “no es garantía de absolutamente nada” y era difícil que le permitieran quedarse en el país.

Doña Rocío Rebollar Gómez tendrá que esperar fuera del territorio estadounidense un mínimo de 10 años para pedir un perdón que le permita volver a ingresar al país.

“Son 10 años antes de poder pedir el perdón al gobierno federal, pero para eso también se necesita un cónyuge o un papá o una mamá residente o ciudadano que te pida, y en este caso, Rocío, lamentablemente no cuenta con ningún familiar en esa línea. Un hijo no puede pedirla para el perdón después de transcurridos los 10 años —explica Gálvez—, así que el tiempo para volver es aún más incierto. En este momento está mandatoriamente castigada y no hay nada que se pueda hacer contra eso”.

Empieza el calvario

La pesadilla comenzó el 4 de diciembre, cuando Rebollar acudió en compañía de Gibrán y la abogada Tessa Cabrera ante un juez de inmigración porque tenía una orden de deportación en su contra.

El juez le dio 30 días para autodeportarse o volverse a presentar en el juzgado y eso fue lo que hizo el 2 de enero: regresó al edificio federal en San Diego para buscar una extensión de su fecha de deportación, pero ya era demasiado tarde. No sólo portaba un grillete electrónico desde el 4 de diciembre, sino que ya estaba en manos de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE, por sus siglas en inglés) y no la iban a soltar.

De inmediato la subieron a un vehículo y la trasladaron a la frontera, donde la enviaron a Tijuana, Baja California, mientras le hacían creer a su abogada que debía seguir haciendo un trámite.

“Personalmente creo que fue asesorada mal en este aspecto, que sabiendo que tenía un par de deportaciones, sabiendo que un hijo en el ejército no detiene este tipo de deportación, debió tomar otro tipo de precauciones”, detalló Gálvez, abogado que ha defendido y representado un sinnúmero de casos de migrantes en California y con una vasta experiencia.

“La meta en este tipo de casos, donde sabemos que no podemos ganar porque desafortunadamente la ley no está a favor, se tiene que hacer todo lo posible para evitar que la saquen, y eso también en ocasiones incluye que se quede indocumentada y, a veces, prófuga; porque ella sabe que si se ha portado bien, independientemente de las deportaciones, si ella no tiene problemas con la ley, es trabajadora, como lo es, ha pagado impuestos, sacó adelante una familia, cuando llegara una reforma migratoria ella iba a poder arreglar su situación”, señaló el abogado.

La única posibilidad en un caso extremo como este sería que el presidente de Estados Unidos la perdonara directamente y pudiera volver. Sin embargo, Gálvez reconoció que con Trump, eso “es extraordinariamente poco posible. Antes saca a los que puede, no le interesa y no creo que la voltee ni a ver. El único milagro sería que pierda Trump [la reelección] y el nuevo presidente se interese en lo que le pasó a un miembro del ejército y acceda al perdón de su mamá, pero aun así es muy remoto”.

Hasta antes de la llegada del presidente Trump existía una “acción diferida” para los padres y familiares directos indocumentados de militares en acción en las fuerzas armadas de Estados Unidos y esto de alguna manera los protegía. “Un poco como a los dreamers, aunque no tan directo”, dice Gálvez, “pero sí existe o existía esa acción diferida o ese entendido sobre ‘yo sirvo y doy la vida por mi país, espero que mi país cuide y proteja a mi familia’, pero ya vimos que con Trump al frente nada de esto funciona”.

Hay voces que señalan que Rocío Rebollar Gómez volverá a cruzar como indocumentada y que esta vez se cuidará más y, en todo caso, se convertirá en una prófuga a la espera de que algún día, en algún momento, llegue esa reforma migratoria en Estados Unidos que la acoja y le dé el estatus legal que tanto anhela y necesita para hacer una vida normal al lado de sus hijos y de sus nietos. “Si vuelve a cruzar y la vuelven a detener —en cualquier momento—, antes de volverla a deportar podrían darle cárcel varios años”, alertó el abogado Gálvez.

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