Los acusan de fraude... ¿prefabrican el caso en Jalisco?

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Guadalajara.— Alejandra Torrecillas Burrola, esposa de un empresario sonorense, se encuentra internada en el Reclusorio Femenil de Puente Grande, Jalisco, acusada de fraude y amenazas dentro del expediente 103/2017-A.

Ambos delitos son considerados en el Código Penal estatal como no graves y alcanzan libertad bajo caución; sin embargo, lleva cinco meses presa, al ser catalogada por el juez Jaime Gómez como una persona “de alta peligrosidad”. Eran las siete de la mañana del 6 de marzo, Torrecillas Burrola llevaba a sus hijas al colegio, en su natal Hermosillo, Sonora, cuando ocho policías ministeriales de Jalisco la bajaron de su camioneta.

Alejandra, de 45 años de edad, fue trasladada a Guadalajara y presentada ante un juez, sin si quiera saber qué era lo que sucedía, contó, previo a que se desahogara una de las audiencias promovidas por su defensa el pasado jueves. Afirma que se trata de una injusticia resultado de un acto de corrupción.

Además, Carlos Eleazar Reyes Lucero el contador de la empresa Acuícola México S.A. de C.V. y Ramón Roberto Ruiz Ruiz, cocinero de la misma, fueron detenidos días después por los mismos supuestos hechos; también se encuentran recluidos en el penal de Puente Grande.

Los implicados, junto con Alejandra, son acusados por la empresa Vimifos de un supuesto fraude, amenazas y falsedad en declaraciones; sin embargo, las pruebas en el expediente apuntan a que el caso fue prefabricado.

De acuerdo con documentos que obran en el expediente, entre los socios de la empresa Vimifos S.A. De C.V. aparece como socio Javier Bours Castelo, el hermano del ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo.

La historia. Todo inició cuando el esposo de Alejandra, Gustavo Adolfo Galaz Ruiz, solicitó como representante legal de Acuícola México S.A de C.V., un par de líneas de crédito en alimento camaronero a la empresa Vimifos, su principal proveedor.

La intención, afirmó Gustavo Galaz, era hacer crecer el negocio familiar de cría de camarón, ubicado en el litoral de mar de Cortés, en Sonora.

Todo se vino abajo para Acuícola en 2010, luego de que uno de los bancos de camarón en crianza contrayó una enfermedad conocida como La Mancha blanca, lo que ocasionó la muerte de la especie y por ende la ruina financiera de la empresa.

Aunado a ello, la compañía tampoco pudo pagar a sus trabajadores sus salarios devengados y se acumularon los sueldos caídos de 2010 y 2011.

Al no pagar el adeudo con Vimifos, Acuícola México firmó un convenio de pagos, pero Gustavo Adolfo no pudo solventarlos y falló una vez más, al grado de que el adeudo alcanzó los 12 millones de dólares.

Los apoderados de esa compañía solicitaron el remate de los bienes, que fueron dejados en garantía en Sonora y se adjudicaron tres inmuebles.

Sin embargo, un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó en 2015 que había derecho preferente del remate en beneficio de los más de 60 trabajadores que demandaron el pago de sueldos caídos por 100 millones de pesos.

Esta decisión dejó a Vimifos sin poder adjudicarse algunas de las propiedades en garantía. En respuesta, Héctor Ramón Cota Guerrero, representante legal de esa compañía, presentó en Hermosillo una denuncia penal en contra de los trabajadores y su patrón Acuícola México.

En la denuncia, Ramón Cota los acusó de ser cómplices de un fraude genérico orquestado para impedir el remate de las propiedades a su favor. La fiscalía de Sonora determinó que no había pruebas suficientes para acreditar el delito y, que en caso de que las hubiera ya había prescrito, por lo que no se ejerció la acción penal.

Vimifos no quedó conforme y presentó una nueva denuncia, pero ahora en la Fiscalía General de Jalisco por el delito de fraude específico y falsedad en declaraciones en contra de Gustavo Galaz, tíos, primos, cuñados, hermanos y extrabajadores.

Las irregularidades. A pesar de que son los mismos hechos que Vimifos denunció en Hermosillo y que no prosperaron, el agente del Ministerio Público en Guadalajara, José Lino Morales Estrada, consignó la averiguación previa, con todo y que el supuesto fraude no ocurrió en Jalisco. Al no tener el MP facultad de atracción, Vimifos denunció, en ampliación de declaración, que uno de sus apoderados fue amenazado por Gustavo Adolfo y sus familiares en sus oficinas de Guadalajara.

Esa fue, de acuerdo con los documentos que obran en el expediente de amparo 467/2018-VII-1, promovido por la defensa de los acusados, el único motivo con el cual la Fiscalía General de Jalisco atrajo la denuncia.

Otra irregularidad fue la emisión de las notificaciones a los acusados, pues a sabiendas de que son originarios de Sonora, las enviaron a un mismo domicilio “fantasma” en Guadalajara.

Esto, según la defensa, violentó su derecho de defensa y audiencia. Señalaron que al no enterarse de las acusaciones, el juez noveno de lo Criminal, Jaime Gómez concedió deliberadamente al MP las órdenes de aprehensión por supuesta “rebeldía”.

Por otro lado, Jaime Gómez, con autoridad jurisdiccional sólo en los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, se declaró competente por el supuesto delito de fraude que según Vimifos ocurrió en Sonora.

Jaime Gómez giró una serie de órdenes de aprehensión en contra de 66 personas, entre ellas 60 trabajadores de Acuícola México, Gustavo Galaz y algunos de sus familiares, que en su momento fueron accionistas de la empresa camaronera. En el caso de su esposa, Alejandra Torrecillas, vendió desde 2010 sus acciones.

De esas 66 personas, tres están detenidas y del resto, 20 se encuentran libres por medio de amparos; los otros 43 están ilocalizables (prófugos) debido al temor de ser detenidos.

Más irregularidades. Aunado a ello, por el delito de fraude, los documentos presentados en el juicio evidencian que no aplica ninguno de los supuestos contemplados en el Código Penal de Jalisco, como el hecho que no hubo simulación de un juicio, no se obtuvo lucro indebido, ni se actuó en perjuicio de alguna persona.

La empresa presentó un peritaje hecho por un particular que no está acreditado, ni certificado por el Instituto de Ciencias Forenses de Jalisco, para determinar el monto del supuesto fraude, que ascendía a 12 mdd, lo cual no es permitido por la ley.

En relación a las supuestas amenazas de las que fue objeto Héctor Ramón Cota Guerrero, representante legal de la empresa Vimifos, la defensa acreditó en primer lugar que nunca existió reunión alguna donde supuestamente se cometió el delito.

Un documento, en poder de la Fiscalía Anticorrupción de Jalisciense, dependencia que ya atrajo el caso, reveló que Cota Guerrero falseó su declaración, porque en la bitácora de visitantes de las oficinas no aparece registro de acceso de los acusados.

En el mismo documento, se advierte que dos de los testigos que presentó la empresa no eran trabajadores de Vimifos, como lo declararon ante el MP. Lo anterior consta en el oficio 014814 emitido por el IMSS, donde afirma que no hay registro patronal del alta de los supuestos empleados ante esa institución. Tampoco, cita la investigación, la Secretaría de Hacienda tiene datos o documentos que vinculen laboralmente a quienes fueron presentados como testigos y trabajadores.

Además, como consta en actas de defunción, dos de las personas que Ramón Cota acusó de amenazarlo en septiembre de 2017, murieron desde 2007 y 2015, respectivamente.

Otras de las acciones del juez fue haber ordenado congelar las cuentas bancarias de Gustavo Galaz y las de la empresa Acuícola México, lo cual no solo afectó la liberación parcial del pago a algunos trabajadores, sino también los pagos al Seguro Social. La defensa explicó que esta fue una decisión del juez que se sale de su competencia, porque esas cuentas y esas propiedades ya habían sido aseguradas en los juicios civiles y afianzadas para los trabajadores por la SCJN. Como consecuencia, al no recibir el pago de su pensión, ni atención médica por la congelación de cuentas, un ex trabajador de la empresa camaronera, Fernando Holguín Meléndez, murió el 19 de julio.

Estado actual. Ante esta situación, Alejandra Diffo Núñez, abogada de los acusados, señaló que presentaron una queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que revisen el actuar de la Fiscalía de Jalisco y del Poder Judicial local.

El fiscal general de Jalisco, Raúl Sánchez Jiménez, afirmó que investigarán por su cuenta la actuación del agente del Ministerio Público, José Lino Morales, presuntamente involucrado. EL UNIVERSAL buscó desde el jueves pasado al juez pasado a Jaime Gómez en su oficina y a través del área de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura de Jalisco para que fijara una postura al respecto, sin embargo no respondió. Mediante el área de Comunicación Social de la Fiscalía de Jalisco se solicitó una entrevista con José Lino Morales Estrada y tampoco hubo respuesta.