Libran nueva orden de aprehensión contra Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit

A Roberto Sandoval se le atribuyen delitos electorales, peculado y ejercicio indebido de funciones

Roberto Sadoval, exgobernador de Nayarit
Foto: Archivo/EL UNIVERSAL
Estados 19/12/2020 18:26 Raúl Torres / Corresponsal Actualizada 19:10
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Un juez liberó una nueva orden de aprehensión contra el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, por delitos electorales, peculado y ejercicio indebido de funciones.

La Fiscalía del estado informó que se trata de una investigación iniciada por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) iniciada después de que varios partidos políticos presentaron ante esta instancia un audio en el que el exmandatario daba instrucciones a un grupo de personas de mencionar su nombre cuando se entregaran apoyos sociales y posteriormente se regresara a esos sitios a promocionar al candidato del PRI al gobierno estatal en 2017, Manuel Cota.

En noviembre de 2017, el entonces titular de la Fepade, Santiago Nieto, solicitó apoyo de la Fiscalía de Nayarit para completar la investigación sobre el caso, pues aseguró que la carpeta de investigación estaba lista para judicializarse y proceder contra Sandoval y otros funcionarios; sin embargo, Nieto fue removido del cargo.

La Fiscalía de Nayarit informó que después de eso, la Fepade se declaró incompetente para proceder, por lo que envió el expediente a las autoridades estatales para que se encargaran de la investigación, por lo que durante dos años se realizaron diligencias para integrar una carpeta con 25 tomos con la que se solicitó la orden de aprehensión otorgada el pasado 9 de diciembre.

También lee: Solicitan nueva orden de aprehensión contra Roberto Sandoval

Según la investigación de la dependencia, entre 2013 y 2017 el exmandatario operó mediante familiares y gente cercana la entrega del programa de seguro alimentario PROSA, lo que le permitió utilizar recursos públicos para su beneficio o para utilizarlos en campañas políticas.

Los nuevos delitos que se le atribuyen al exmandatario podrían sancionarse con prisión de hasta 28 años, inhabilitación para ocupar cargos públicos y reparación del daño hasta por 152 millones de pesos, informó la Fiscalía.

apr

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