Investiga fiscalía a un segundo despacho por fraude de Infonavit

La Fiscalía de Nayarit investiga a otro despacho de abogados presuntamente implicado en el fraude con que el Infonavit se habría adjudicado más de 60 mil viviendas de derechohabientes en al menos ocho estados del país. Se trata de un bufete encabezado por Hugo Gerardo Rosales Badillo, exsecretario de Gobierno de Durango.

Aunque la fiscalía no ha confirmado las pesquisas en contra de este despacho, durante la audiencia de imputación de María del Consuelo “N”, secretaria de acuerdos del Juzgado de Xalisco involucrada en el presunto fraude, la representación ministerial expuso ante el juez una especie de organigrama con fotografías y nombres de unos 30 presuntos implicados.

Entre ellos había trabajadores del Poder Judicial de Nayarit, personas que laboran para el despacho Molrod, Silber y Asociados —que ha denunciado una persecución política en su contra— y empleados del bufete Rosales Badillo.

En una revisión de los contratos de Infonavit, el único despacho Rosales Badillo con el que trabaja el instituto de vivienda es el del exfuncionario de Durango, que entre 2013 y 2014 firmó ocho contratos que suman 328 millones 496 mil pesos.

Al igual que el despacho Molrod, Silber y Asociados, también señalado por la Fiscalía de Nayarit en este caso, Hugo Gerardo Rosales Badillo tiene contratos para “sanear” la vivienda recuperada por Infonavit: uno por 7 millones 656 mil pesos (GSJC/GCC/CT/1224-2013) y otro por un millón 276 mil pesos (GSJC/GCC/CT/0645-2013).

Al igual que ocurre con los cuatro contratos por 613 millones mil 768 pesos que tiene el despacho Molrod, Silber y Asociados con Infonavit, la vigencia de los convenios de Rosales Badillo es indefinida y se cobra según los avances presentados.

La secretaria de acuerdos del Juzgado de Xalisco fue imputada por la posible comisión de fraude, asociación delictuosa, tráfico de influencias, ejercicio indebido de funciones y tráfico de influencias; sin embargo, tras lograr un acuerdo con la fiscalía para convertirse en testigo, podrá seguir su proceso en libertad.

Con ella son cuatro las personas vinculadas a proceso por este caso y sólo a uno, Saulo Javier “N”, abogado de Molrod, Silber y Asociados, se le ha dictado prisión preventiva durante el tiempo que dure su juicio.

Los magistrados Pedro Antonio Enríquez Soto y Jorge Ramón Marmolejo Coronado, además de los jueces Braulio Meza Ahumada, Mario Alberto Cervera López, Justino Rodríguez Barajas y Baldomero Zamora Rodríguez enfrentan un juicio de desafuero en el Congreso del estado para que la fiscalía pueda actuar en su contra, puesto que son señalados como integrantes de la red de corrupción que fraguó este fraude.