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Cuernavaca.— Un juzgado federal admitió un juicio de amparo indirecto contra autoridades de Salud y del sistema penitenciario de Morelos por omisión en la creación e implementación de políticas públicas, así como medidas efectivas de prevención, tratamiento y atención en los casos de Covid-19 en los internos de las prisiones locales.
El juicio de amparo, radicado en el juzgado octavo de Distrito con sede en Cuernavaca —con número 943/2020—, expone también omisión de las autoridades en el tratamiento transparente de cadáveres y con perspectiva de género para salvaguardar la salud, la integridad personal y la vida de los internos.
Melissa Zamora Vieyra, abogada del Centro Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) —uno de los promotores del amparo— dijo que con la demanda buscan que tanto las autoridades penitenciarias, como el gobierno del estado y las defensorías públicas estén al tanto de la situación que impera en los centros penitenciarios y generen medidas efectivas que detengan las violaciones a los derechos de las personas privadas de la libertad.
Por ejemplo, la obligación de subsanar “la falta de atención médica y de suministros de higiene en las prisiones. Se debe garantizar una estancia digna, que las personas privadas de la libertad tengan acceso a pruebas de Covid-19 porque hay información de que no se han hecho y, con ello, se eleva el riesgo de contagio”, afirmó.
El juicio de amparo indirecto cita como autoridades responsables al gobernador del estado, el secretario de Gobierno, la Comisión Estatal de Seguridad, el fiscal local, el presidente del Poder Judicial, personal directivo del sistema penitenciario de los centros varonil, femenil y de adolescentes, además del titular de la Unidad de Medidas Cautelares de Morelos (Umeca).
En mayo pasado, el sistema penitenciario reportó los fallecimientos de una custodia y un interno por Covid-19 y, aunque se dijo que había otros 18 en aislamiento por problemas respiratorios, el gobierno informó que no eran casos confirmados.
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