Quito.— El gobierno de México inició ayer el proceso de compensación a 48 ecuatorianos que fueron víctimas directas e indirectas de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, en 2010, donde integrantes de Los Zetas ejecutaron a 72 personas, en su mayoría migrantes de Centro y Sudamérica, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador.

La ceremonia se realizó en Quito, Ecuador, donde participaron autoridades diplomáticas de ambos países y el titular de la Comisión de Atención a Víctimas de México (Ceav), Sergio Rochín del Rincón, pero no contó con la presencia de los beneficiarios y, de acuerdo con la agencia Reuters, se acordó que la reparación sería entregada en un mes.

Rochín del Rincón indicó que la reparación integral beneficia a una víctima directa sobreviviente y a 47 indirectas, que son los familiares de cinco migrantes ecuatorianos asesinados el 22 de agosto de 2010 en San Fernando.

El comisionado detalló que las medidas de compensación fueron determinadas de acuerdo con los estándares internacionales, en rubros como el daño moral, el lucro cesante y el apoyo en gastos funerarios, entre otros.

Familiares desconocen avances. Margarita Chimborazo, madre de Telmo Leónidas Yupa Chimborazo, de 17 años, uno de los cinco ecuatorianos asesinados en San Fernando, indicó que desconoce en qué va el proceso de indemnización que le prometieron, puesto que la visitaron en su casa hace una par de meses, pero no regresaron.

Entrevistada por EL UNIVERSAL, informó que desconocía la reunión que sostuvieron las autoridades mexicanas y de Ecuador, a la que no estuvo invitada.

Hace aproximadamente un año, dijo, la visitaron funcionarios de la cancillería de su país, quienes se identificaron como Alexandra Salazar y Édgar Galeno, coordinador de la cancillería, para pedirle documentos, “yo andaba enferma y eso fue hace un año, y no me dan ninguna ayuda”.

Hace dos meses la llevaron a la ciudad de Azogues, donde le dijeron que tendría derecho a una ayuda, y le dieron como fecha el 20 de julio. “Dijeron que ahí iban a avisar, pero no pasa nada”.

Explicó que su situación es difícil porque tiene más hijos y no tiene de dónde sacar dinero.

“Me he gastado bastante dinero sacando los papeles, pidieron notarizados; yo gasté más de 100 dólares y no sé si me darán, me pidieron cuentas bancarias y no me dan nada”, indicó. Sobre la indemnización que un juez ordenó para ella, como parte de la sentencia condenatoria que recibió José Arcesio Vásquez, el pollero que enganchó a su hijo, explicó que no pudo pelearla porque “yo busqué un abogado, pero me dijo que tengo que gastar bastante dinero [para trámites] y ya no seguí nada”.

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