Inicia en Morena la disputa de grupos por candidaturas

Desde Morelos, nos cuentan que cada vez son más visibles los grupos en Morena que se pelean las candidaturas de las 36 alcaldías, 20 diputaciones locales y las federales para 2021. Nos explican que, por un lado, está el grupo del subsecretario de Gobernación, Rabindranath Salazar Solorio, quien busca las plazas principales como Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec y Jojutla; también está la exdirigente nacional Yeidckol Polevnsky, quien impulsa la reelección en la capital del estado de Antonio Villalobos Adán, pero se podría topar con el grupo de la diputada local Alejandra Flores Espinoza, que también quiere la ciudad de la eterna primavera. ¡Cieeerren las puertas, señores!

¿Multa o soborno?, qué será...

Nos platican, en Aguascalientes, que quien anda en el ojo del huracán es el contralor del Congreso local, Roberto Aníbal Valdés Ahumada, por recibir el pago de 35 mil pesos, por tres multas que él mismo aplicó a la extitular del Órgano Superior de Fiscalización de Aguascalientes, Yolitzin Rodríguez Zendejas. Nos detallan que don Roberto recibió el dinero en efectivo para tenerlo a resguardo, porque en el Congreso no existe un módulo habilitado para realizar estos pagos, pero alguien lo grabó y difundió en redes sociales acusando un soborno, por lo que don Roberto reviró con la explicación del origen y destino del dinerito. Bien dicen que “no hagas cosas buenas que parezcan malas”, ¿o no?

La desalinizadora de la discordia

Otra que también anda en la mira, nos comentan, es la alcaldesa de Los Cabos, Baja California Sur, Armida Castro Guzmán (Morena), tras la aprobación de una desalinizadora que implicará una deuda de más de 4 mil millones de pesos por 25 años, pues doña Armida ya había cuestionado un proyecto similar en el pasado. Aunque falta el aval del Congreso local, llamó la atención la premura con que el Cabildo avaló el proyecto, justo unos días antes de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hace un año comprometió recursos para la obra. Sin embargo, activistas advierten una “privatización encubierta”, pues la planta operará como una Asociación Público Privada, por lo que piden a la Federación echarle más lupa al asunto por aquello de no robar, no mentir y no traicionar. ¡Ups!

IP entra al quite

En San Luis Potosí, nos cuentan, empresarios se han agrupado en una “Alianza Empresarial”, pues aseguran que hay mucha pasividad de las autoridades ante la contingencia por el Covid-19 y, como primera acción, se encuentran trabajando en una propuesta de ley para establecer el uso obligatorio del cubrebocas. Nos dicen que, tras el incremento en los últimos días de los contagios en el estado, los empresarios aseguraron que no se ve por dónde las autoridades implementen medidas efectivas y sólo hacen “llamados a misa” a la población, por lo que en su propuesta no descartan que haya severas sanciones para las personas que no utilicen el cubrebocas, pues, dicen, “es un tema de vida o muerte”.