Xalapa.— El abogado Jorge Reyes Peralta presentó un recurso de impugnación ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) debido a que la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Jorge Winckler Ortiz, se negó a aceptar una recomendación por presuntos actos de tortura.
Ahora, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) deberá analizar la recomendación emitida contra funcionarios de la FGE, en perjuicio del exdirector de Servicios Periciales de la propia Fiscalía, Gilberto “N”.
“[Winckler] es un fiscal necio, resistente, que se ampara todos los días porque sufre amparitis y ahorita yo creo que se va a amparar contra el Senado y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, dijo.
La CEDH documentó que el exfuncionario Gilberto “N” fue sometido a actos de tortura, algunos de ellos con música de reggaetón.
“Está probado que a Gilberto le hicieron daño, aunque el fiscal sonría y diga que lo torturaron con música, eso revela la profunda ignorancia que tiene de la historia del mundo, porque se ha torturado con música desde que existen los seres humanos”, expuso.
De confirmarse esta recomendación, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González, deberá acudirá al Senado para demandar su cumplimiento, lo cual será replicado por la presidenta de la CEDH, Namiko Matzumoto en el Congreso local.
Sobre la recomendación. Fue en mayo pasado cuando la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz determinó que funcionarios de la fiscalía general cometieron tortura contra un exservidor público detenido.
El organismo autónomo emitió una recomendación contra el organismo de justicia al comprobar tortura física y sicológica en contra del exdirector de Servicios Periciales.
En el documento se solicitó al fiscal general, Jorge Winckler Ortiz, que iniciara una investigación en contra de funcionarios por haberse comprobado que violaron la Ley General para Prevenir Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Además, la CEDH ordenó pagar una compensación al exfuncionarios por los daños y sufrimientos derivados de los actos de tortura de que fue víctima.
Sin embargo, el fiscal —que fue designado en 2016 a propuesta del entonces gobernador panista Miguel Angel Yunes Linares— se negó a aceptarla.
Ante ello, el abogado agregó que incluso la Comisión Nacional puede denunciar estos hechos aunque recordó que los presuntos actos de tortura ya fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR) y se está integrando una carpeta de investigación contra el fiscal y sus colaboradores.
“Está carpeta está en curso en la delegación estatal, se están aportando todas las pruebas (…) Estamos en espera de que la FGR solicite al Congreso del estado la separación del fiscal, porque no es un juicio político ni de procedencia”, indicó.
Reyes Peralta aseguró que la Ley General de Tortura señala que el funcionario o servidor público que sea investigado por este delito debe ser separado del cargo.