Gerardo Vargas Landeros denuncia atropello; afirma que su detención fue un mensaje para intimidarlo
El exalcalde de Ahome acusa a la Fiscalía de vulnerar su salud y derechos pese a contar con un amparo; enfrenta cargos por arrendar 126 patrullas sin licitación por 171 millones de pesos
Culiacán, Sin.- El exalcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros denunció que su detención por elementos de la Fiscalía General del Estado fue un acto fuera de lo que considera como un mensaje, el cual no lo intimida, ni lo quiebra.
A través de un mensaje que divulgo externó que pese a gozar de un amparo otorgado por una autoridad federal, lo que cometió el viernes pasado en su contra, en la ciudad de los Mochis, constituyó un atentado directo contra su salud y de los principios básicos de la justicia.
El desaforado exalcalde, a quien el viernes pasado, se le ejecutó una orden de aprehensión para llevarlo a comparecer ante un juez de control, por sus continuas inasistencias a las audiencias iniciales, con justificantes médicos de presentar un quebranto en su salud, externó que no se trató de una casualidad, sino de un mensaje, pero no lo van a intimidar, ni quebrar.
Como parte de su mensaje, Vargas Landeros, quien es imputado de haber incurrido en el ejercicio indebido de sus funciones al contratar en arrendamiento 126 patrullas sin licitación pública, indicó que se encuentra confiado y cierto que existe un poder judicial autónomo, transparente y respetuoso de los derechos humanos.
En su documento, el exalcalde de Ahome, apuntó que siempre ha estado dispuesto a colaborar con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos y que la ciudadanía vea un proceso justo en el que se pueda arribar a la verdad de los hechos que se investigan.
La tarde del viernes pasado, tras su aprehensión por elementos de la Fiscalía General del Estado, este fue trasladado a la ciudad de Culiacán, para ser escoltado a la audiencia inicial, celebrada ante un juez de control, en la que se le imputó los cargos, por contratar en arrendamiento 126 patrullas, con un costo de 171 millones de pesos, sin licitarlo.
Durante la audiencia, la representación de la fiscalía solicitó su vinculación a proceso, sin embargo, el juez concedió la duplicidad del término constitucional, por lo que se difirió la continuación de la audiencia para el próximo 4 de junio, pero le fijo como medida cautelar que no puede salir del país, sin el permiso de la autoridad judicial.
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