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Cuernavaca.— El proceso contra el fiscal Uriel Carmona por el delito de tortura dio un vuelco radical porque ahora es la Fiscalía General de la República (FGR) la que lleva el caso en su contra, luego de que los agentes ministeriales de la Fiscalía Anticorrupción fueron retirados por el juez Natanael Subdias Aguilar, toda vez que pretendieron desistirse de la acusación contra Carmona Gándara bajo el argumento de que habían extraviado la carpeta de investigación.
El juez correspondiente declaró varios recesos por la aparición de otra acusación en contra de Uriel Carmona, también por el delito de tortura, y para explicar que, incluso, una desestimación de cargos debe ser sustentada.
Pero cuando los agentes ministeriales de la FA afirmaron que habían extraviado la carpeta, como un recurso para librar de todo cargo al fiscal general, el juez los separó de la audiencia e incorporó a ministerios públicos de la FGR para continuar con el ejercicio de la acción penal.
La presencia de los fiscales de la FGR fue considerado legal por el juez de la causa porque la víctima de tortura, un hombre identificado como Luis Alberto, alias El Diablo y señalado por la fiscalía estatal de ser el autor material de un triple homicidio, pidió al Ministerio Público Federal atraer su caso.
El juez también consintió la incorporación de los MP federales porque exhibieron una copia de la carpeta de investigación, y consideró que el delito de tortura se debe perseguir de oficio por tratarse de un delito contra la humanidad.
Con la determinación del juez, infantes de la Marina y elementos de la Fiscalía General de la República tomaron control de los pasillos de la sala dos de la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, donde se realiza la audiencia a control remoto para beneficio del procesado Uriel Carmona Gándara.
Lo anterior, luego que la fiscalía solicitara al juez abrir procesos de investigación contra quien resulte responsable de los servidores públicos de la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI), por el extravío de la carpeta y la probable comisión de un delito al plantearse un conflicto de interés y corrupción.
El origen
El proceso contra el fiscal sufrió un cambio sustancial desde la mañana de este jueves cuando los mandos de la Fiscalía Anticorrupción que aportarían las pruebas contra el fiscal general fueron separados del cargo por pérdida de confianza.
La FA informó sobre el cese del fiscal Juan Salazar Núñez y su primer círculo de colaboradores, y con ello se desplomó el escenario inmediato de vincular a proceso a Uriel Carmona Gándara y separarlo del cargo mediante sentencia judicial, como estaba previsto desde que la FGR integró la carpeta de investigación y logró la colaboración del exfiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez para judicializar el caso.
Y es que los funcionarios cesados que habían integrado la carpeta de investigación judicializaron el caso, pidieron la orden de aprehensión y la ejecutaron contra Carmona Gándara la noche del miércoles en el penal de alta seguridad de El Altiplano, en el Estado de México.
Su comportamiento fue calificado como traición, porque el fiscal Uriel Carmona designó a Salazar Núñez al frente de la FA.
A control remoto
El fiscal Uriel Carmona sigue el caso vía remota, desde el Centro Federal de Readaptación Social El Altiplano, ubicado en el Estado de México, donde permanece luego de ser notificado de una cuarta orden de aprehensión en su contra, ahora por el delito de tortura. Ha librado en tres ocasiones la prisión preventiva mediante recursos de amparos y quejas ante tribunales por el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda.
El miércoles fue la última orden de liberación otorgada por magistrados del Séptimo Tribunal Colegiado al considerar que Uriel Carmona tiene fuero y, por lo tanto, no puede ser privado de su libertad.
En esta nueva acción judicial en su contra, la FGR integró los elementos de prueba enviados por la juez de Control por el presunto delito de tortura en contra de El Diablo, con los que pidió al MP investigar probables hechos de tortura y uso excesivo de la fuerza pública denunciados por Luis Alberto, en abril pasado.
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