Experto en cibernética apoya a mujeres en Oaxaca; ponen precio a su identidad

Juchitán.— Su cabeza tiene precio entre los miembros de clubes secretos y privados que pululan en las plataformas sociales donde se intercambian, exhiben y venden fotografías y videos íntimos de mujeres sin su consentimiento, pero este joven, que oculta de manera parcial su identidad, no tiene miedo a seguir cazando a los responsables de dañar física, moral y sicológicamente a mujeres y niñas.

Tenía seis años laborando en seguridad informática cuando una de sus amigas lo contactó para pedirle ayuda para bajar sus fotografías íntimas de una cuenta de Twitter. Después de quitarlas y denunciar la cuenta, la joven contó su experiencia a amigas que tenían el mismo problema; también lo buscaron.

Desde entonces ha apoyado a unas 900 mujeres, 400 de la región del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, que sufren de violencia digital.

Fueron tantas las solicitudes de ayuda que recibió que el joven conformó el colectivo DLR, las iniciales de su madre, quien fue defensora de los derechos de las mujeres. A más de un año de su formación, a este grupo se han integrado 15 personas, todas mujeres; él es el único hombre.

Para mantenerse y realizar los trabajos no sólo de cacería cibernética, sino también de acompañamiento legal y sicológico a víctimas, en el colectivo realizan rifas y actividades para recaudar fondos, pero ante los riesgos, las hacen desde el anonimato.

Este joven es el único miembro del colectivo DLR que da la cara por el grupo, lo que complica a los acosadores identificar a los integrantes, por lo que sólo a él van dirigidas las amenazas constantes debido a la cacería que realiza en los grupos de venta de material sexual desde su perfil de Facebook, que es público.

“Recibo muchas amenazas y mi cabeza tiene precio. Por ejemplo, en algunos grupos ponen mi perfil y dan recompensas para ubicarme. Hemos expuesto a dueños de restaurantes y a personas que tienen el dinero para hacer eso”, explica en entrevisa telefónica con EL UNIVERSAL.

Hace unos días, el nombre de colectivo DLR comenzó a sonar en todo el estado y en poco tiempo saltó a la esfera pública nacional, luego de que expuso a la cuenta de Twitter Istmo Pack, que tenía a la venta más de 400 carpetas de fotos de mujeres del Istmo de Tehuantepec y de la ciudad de Oaxaca, las cuales se comercializaban a 500 pesos.

Además, el colectivo dio a conocer la identidad del hombre vinculado a la cuenta bancaria a la que se depositaban las ganacias de ese perfi de venta masiva de material íntimo.

El sujeto fue identificado por el cazador como un ciudadano de Juchitán, cuyas siglas son L.Y.L., luego de haber obtenido su cuenta bancaria mediante un intento de venta del material. Aunque el señalado negó las acusaciones en sus redes sociales, posteriomente cerró su perfil de Facebook.

Experto en cibernética apoya a mujeres en Oaxaca; ponen precio a su identidad

La señorita X

Carla, María, Aurora... no importa el nombre que se le ponga, ella asegura que si viviera en un mundo justo, sin violencia, acoso, señalamientos ni persecución daría su verdadero nombre, pero por ahora prefiere cualquiera.

Ésto, porque después de 10 años de haber sido expuesta en las redes sociales y de que medio pueblo de Juchitán viera sus fotografías, los responsables de exhibir y comercializar su intimidad, como una forma de venganza, aún siguen impunes. Incluso, de vez en cuando sus imágenes resurgen en la red.

Con un poco de risa narra cómo comenzó todo... desde la toma inocente de unas fotografías íntimas, cuando era menor de edad, y la decisión de enviárselas a su entonces pareja, hasta la confesión del mismo por exhibirlas a modo de venganza luego de que ambos terminaron la relación.

Pero cuando describe los traumas sicológicos que ha venido arrastrando durante una década, la voz de la señorita X comienza a quebrarse.

La joven recuerda que durante el primer año la crisis fue fuerte. Se quiso suicidar, pues su expareja envió las fotos a todos sus conocidos a través de Facebook, las mismas que una vez le confió.

Como pudo, lidió con los señalamientos de amigos, familiares, conocidos y desconocidos.

Un par de años después, cuando todo parecía olvidado, aparecieron nuevamente las fotos en una página de Facebook conocida como “quemones”.

“Reviví el infierno de ser exhibida y me señalaran. Ya me había ido del pueblo para olvidar todo, pero entonces le hice frente a mi modo: subir fotos mías, no desnuda, sino posando, y dije: ‘A mí no me vuelves a chingar, mira, yo misma me tomo fotos’, pero alguien las vio y nuevamente quisieron avergonzarme en redes.

“Por ratos se calma, pero luego reviven las fotografías en algún grupo donde se comparten, allí siguen”, comenta.

Para la joven juchiteca este ir y venir es desgastante física y sicológicamente, porque cada cierto tiempo aparecen las fotos. Por más tratamiento que ha llevado, la herida vuelve a abrirse.

Hoy, a 10 años, aun cuando la deprime el acoso digital, se sabe acompañada por una red de mujeres que la motivan a salir adelante y a solidarizarse con las que pasan el mismo infierno.

La aprobación de la Ley Olimpia a nivel nacional, que castiga la violencia digital, le da esperanzas a esta joven zapoteca para que las víctimas se animen a denunciar y cuenten con el acompañamiento legal que ella no tuvo.

“Si cuando me pasó hubiera existido la Ley Olimpia, sí le entro, como quiera que fuera, pero aun cuando no tuve esa herramienta sí tuve con los años una red de apoyo de morras solidarias que aún me acompañan”, dice.

Según Tania Francisca Felipe, abogada del Centro de Atención y Ayuda a la Mujer Istmeña (CAAMI), la Ley Olimpia se refiere a un conjunto de reformas legis-lativas encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual en medios digitales.

En Oaxaca, en julio de 2019 fue reformado el artículo 249 del Capítulo Segundo del Código Penal, donde hoy se especifica que comete violación a la intimidad sexual quien, por cualquier medio, comparta, distribuya o publique imágenes, audios o videos de contenido íntimo, erótico o sexual sin el consentimiento de la víctima. Se castiga con hasta ocho años de prisión.