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Huajuapan de León.— A 16 años del homicidio de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, las instituciones del gobierno mexicano han sido omisas en el acceso a la justicia, denunciaron defensores de los derechos humanos.
El 26 de abril de 2010, los activistas fueron asesinados en la entrada a San Juan Copala, en el municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.
Alberta Cariño Trujillo era directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), y Jyri Antero Jaakkola era observador de derechos humanos de origen finlandés. Integrantes del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) expusieron que la falta de justicia en este caso “es un símbolo de la impunidad institucionalizada, donde la omisión, la negligencia y la complicidad han operado como política de Estado”.
Expusieron que aquellos hechos no han sido diferentes al contexto actual, para las y los defensores de derechos humanos y de los territorios. “A lo largo de estos años, las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia no sólo han fallado, sino que han contribuido a sostener un sistema donde la violencia contra quienes defienden la vida y el territorio no tiene consecuencias”, denunciaron.
En este contexto, la organización demanda que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México se pronuncie sobre este caso como ejemplo de la crisis estructural de derechos humanos en el país.
Además de visibilizar la responsabilidad del Estado mexicano “en la perpetuación de este ciclo de impunidad, y que dé seguimiento a la situación de personas defensoras desaparecidas y asesinadas en México”.
Agregaron que se han registrado nuevos hechos de violencia contra defensores del territorio, que reflejan la continuidad de agresiones, desapariciones y asesinatos sin esclarecimiento ni justicia.
“Estos hechos no son aislados, son la expresión de un continuo histórico de violencia e impunidad”, externaron.
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