Oaxaca de Juárez.- Integrantes de organizaciones sociales de Oaxaca se pronunciaron este lunes respecto a la consulta que se realizará el próximo 1 de agosto impulsada por el gobierno federal y en la cual se pretende conocer la voluntad popular sobre si se deben llevar a juicio o no expresidentes de México , por su presunta responsabilidad en distintos delitos.

Al respecto, organizaciones como el Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de junio, el Frente Popular Revolucionario (FPR), el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), la Unión de Artesanos y Comerciantes en Lucha, la Defensoría de los Derechos Humanos Por la Justicia A. C., Movimiento de Acción Social, el Consejo de Comunidades Indígenas de la Región Loxicha y Sierra Sur, el Bloque de Comunitario del Sur y el Comité de Víctimas y Familiares de la Masacre de San Mateo del Mar se pronunciaron para que los expresidentes sean llevados a juicio con o sin consulta.

En conferencia ante medios de comunicación desde a casa oficial del Gobierno de Oaxaca, los portavoces de las organizaciones recordaron que a lo largo de la historia los expresidentes “desde el poder de los partidos políticos han realizado actos criminales en contra del pueblo de México”, por lo que expresaron que no solo deben iniciarse procesos de esclarecimiento como el que se señala en la pregunta de la consulta, sino que debe garantizarse al pueblo de México que “esos criminales sean juzgados y llevados a la cárcel no sólo por sus decisiones políticas, sino también por sus hechos de corrupción y delitos de lesa humanidad cometidos por órdenes suyas”.

Para los integrantes de las organizaciones, si el gobierno de México decide no juzgarlos por los resultados de la consulta, demostraría que sólo se ha ocupado esa figura para lavarse las manos de su deber, ante ello llamaron a la ciudadanía a participar, para que el gobierno federal no pueda dar como pretexto la poca participación para no emprender acciones legales contra los exmandatarios.

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“Consideramos que en la consulta popular debe existir una participación masiva de la ciudadanía, que rompa con la apatía e indiferencia, para que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se excuse en la falta de interés del pueblo de México para justificar los pactos de impunidad con el PRI y dañas partidos políticos”, expresaron en un manifiesto.

De acuerdo con las organizaciones, los expresidentes deben ser juzgados y responder por hechos como Acteal, Ostula, San Fernando, la represión en Oaxaca durante 2006, al desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y los hechos de Atenco, Tlatlaya y Nochixtlán, cometidos todos en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, del PAN, y Enrique Peña Nieto, del PRI.

Sin embargo también incluyeron entre los actos que han atentado contra el pueblo de México algunos que se han cometido durante el actual sexenio, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, emanado de Morena.

“(…) la masacre de Huanzantlán del Río (San Mateo del Mar), los presos políticos, desaparecidos y ejecuciones extrajudiciales, hechos en los que el actual gobierno ha hecho caso omiso y solo ha demostrado un pacto de impunidad para bono llevar a juicio a los expresidentes y a sus ejecutores en el poder”, se lee en el documento.

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Las organizaciones ejemplificaron dicho “pacto de impunidad” con el PRI y la falta total de justicia en el país con al falta de voluntad del gobierno de López Obrador para esclarecer los hechos de Nochixtlán, cuando un desalojo de policías federales armados en dicha comunidad de la Mixteca de Oaxaca dejó seis personas asesinadas y más de 100 heridos. “Han pasado más de 5 años desde aquel 19 de junio de 2016 y la falta de interés del actual gobierno para enjuiciar a Peña Nieto por aquel crimen de Estado instruido desde las altas esferas del poder, para escarmentare a quienes se oponían a la reforma educativa del PRI”.

Ante ello anunciaron que `participarán como organizaciones en la consulta, pero exigieron que el carácter sea vinculatorio y no una simulación; a su vez exigieron juicio político contra Alberto Esteva, un político de Oaxaca que actualmente hace llamados a la consulta contra los expresidentes pero que las organizaciones acusan de que entre 2014 y 2015, desde la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), agredió al movimiento social y encarceló a varios de sus integrantes. Actualmente ha desempeñado varios cargos en gobiernos de Morena.

También anunciaron una Jornada por Verdad y Justicia, que incluiría una huelga de hambre que arrancará el próximo 3 de agosto, así como una marcha de Oaxaca a la Ciudad de México para el día 9; mientras que el 24 realizan un acción global a un año del asesinato de Tomás Martínez, líder del FPR en la Sierra Sur.

vare/nv

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