En otros países, ataque a militares se castiga con cárcel

Madrid.— Los ataques contra agentes en España se castigan con penas de cárcel de entre uno y cuatro años, dependiendo de si son actos de resistencia o agresiones directas. Las condenas se suman a las relativas a los daños causados.

Es decir, si se comete un asesinato, a la sanción correspondiente por estos hechos se le sumaría la del atentado contra el oficial.

De acuerdo con el Código Penal, bajo la definición de “agente de la autoridad” cabe una amplia selección de personal público: desde militares a bomberos o funcionarios docentes o sanitarios. Si el ataque se produce con objetos peligrosos o con la intención de herir, las condenas pueden aumentar a seis años y multas de 12 meses. Un agravante es cuando las acciones se producen en grupo o los conduce un individuo que se refugia en uno. Esto puede implicar tres años más de prisión.

El debate sobre estas penas está muy presente en España estos días. La Audiencia Nacional acaba de condenar a entre nueve y 13 años de prisión a un grupo de ocho jóvenes vascos que en 2016 tuvieron un altercado en un bar con dos guardias civiles (cuyo estatus legal en España se asimila al de los militares en muchos aspectos).

En Bélgica, donde está en vigor una alerta terrorista, los militares realizan patrullajes en puntos estratégicos como aeropuertos, estaciones de trenes y oficinas de gobierno. Ellos tienen la orden de disparar si su vida está en peligro o la de la población civil.

En Centroamérica, particularmente en El Salvador y Honduras, la o las personas responsables de agresiones contra uno o varios elementos militares podrán ser detenidas y procesadas judicialmente bajo el Código Penal o el fuero común, al amparo del régimen del Estado de derecho en esas naciones.

Consultadas por EL UNIVERSAL, autoridades militares de ambos países coincidieron en que, por un lado, el o los militares agredidos pueden defenderse del ataque y la o las personas agresoras quedarán expuestas a ser detenidas.

En Chile, el Código de Justicia Militar establece que en caso de terminar con la vida de un miembro del ejército la persona será encarcelada con la pena mayor o la cadena perpetua. Si el ataque deja sólo golpes o heridas, la pena dependerá de la lesión que cause.

En Argentina, el Código Penal indica que en caso de matar a algún miembro de un cuerpo de seguridad, sin diferencia entre policía y ejército, el agresor recibirá cadena perpetua.