Ediles y diputada, en la mira de la fiscalía y de la delincuencia

Chilpancingo.— El pasado 27 de junio EL UNIVERSAL reveló que al menos 12 alcaldes de las regiones de la Tierra Caliente, Norte y Centro de Guerrero son hostigados por organizaciones criminales que operan en la entidad.

Ocho de los nueve alcaldes de la Tierra Caliente y el de Apaxtla, en la región Norte, no pueden salir de sus municipios porque están amenazados de muerte por la organización criminal Los Tlacos. Otros más han recibido mensajes, amenazas y hasta ataques directos por parte de grupos criminales.

En ese contexto, la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Graves de la Fiscalía General del Estado (FGE) investiga a nueve de esos presidentes municipales, entre los que está la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez (Morena), y la diputada local Elzy Camacho Pineda (PRD).

En dos documentos filtrados, el titular de la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Graves, Germán Reyes Reyes, solicitó el 7 de julio al Congreso de Guerrero una copia certificada del acta de toma de protesta de los ediles y la legisladora.

Según el documento, esta información es “necesaria para el esclarecimiento” de los hechos que forman parte de las dos carpetas de investigación.

La alcaldesa de Chilpancingo está en la mira, junto con el síndico Andrei Marmolejo Valle, desde que sus nombres aparecieron en una cartulina dejada junto a siete cadáveres el pasado 24 de junio. Después, se publicaron dos videos en los que se ve a la alcaldesa en una reunión con el presunto líder de Los Ardillos.

En la segunda solicitud, la fiscalía especializada pide información de los alcaldes Cuauhtémoc Mastachi (PRI), de Pungarabato; Bulmaro Torres (PRI), Arcelia; Mayté Lucero Jaimes (PRI), de Cutzamala del Pinzón; José Luis Antúnez (PRI), de Tlapehuala; Víctor Hugo Vega (PRI), de Ajuchitlán del Progreso; Eusebio Echeverría (PRD), de Coyuca de Catalán, y Tania Mora Eguiluz (Morena), de Tlalchapa; César Ortiz Torres (PRI), de Canuto Neri, así como de la diputada perredista Elzy Camacho.

El pasado 28 de abril todos ellos encabezaron un bloqueo de carreteras a la Tierra Caliente, que duró cuatro días, tras un operativo en el que la Fiscalía General del Estado de Guerrero aseguró 14 vehículos (algunos de lujo) que presuntamente eran propiedad de los hermanos Johnny y Alfredo Hurtado Olascoaga, líderes de la organización criminal La Familia Michoacana.

Sin embargo, el edil de San Miguel Totolapan, Fredy Vázquez Palacios (PRD), y el diputado local Adolfo Torales Catalán (PRI), que también participaron, quedaron fuera de la investigación.