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La Paz. — Un juez dictó en Baja California Sur la primera sentencia condenatoria por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita —conocido como lavado de dinero— dentro de una investigación relacionada con una presunta red de corrupción en el Instituto de Vivienda (INVI).
La resolución fue emitida contra Juan Antonio “N”, quien recibió una condena de 2 años y 8 meses de prisión, además de la reparación del daño por más de 10.2 millones de pesos a favor del INVI.
De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción estatal, el sentenciado entregó una plaza comercial ubicada en la colonia Los Olivos, en La Paz, como parte del procedimiento abreviado mediante el cual aceptó culpabilidad.
Investigación por presuntos desvíos
De acuerdo con las investigaciones, el caso deriva de presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos del Instituto de Vivienda entre noviembre de 2021 y noviembre de 2023.
La autoridad señaló que Juan Antonio “N”, identificado como particular y hermano de un ex funcionario del INVI, Javier “N”, ex jefe del departamento de contabilidad del INVI (también detenido y en prisión preventiva), habría recibido transferencias de dinero presuntamente desviadas desde el organismo público.
Con esos recursos, añadió la Fiscalía, adquirió un predio y construyó en menos de cuatro meses una plaza comercial valuada en más de 10 millones de pesos.
El inmueble había sido previamente asegurado para garantizar la reparación del daño y posteriormente fue entregado mediante escritura pública a favor del Instituto de Vivienda.
Continúan procesos contra exfuncionarios
La Fiscalía Anticorrupción confirmó a EL UNIVERSAL que continúan abiertas investigaciones y procesos penales contra otras personas vinculadas al caso, entre ellas exfuncionarios y particulares relacionados con la presunta red de corrupción detectada en el INVI.
Entre los vinculados a proceso se encuentran exdirectivos, la titular del INVI, Fernanda Villarreal y otros exfuncionarios del área administrativa y contable del instituto.
La autoridad precisó que las personas actualmente sujetas a proceso mantienen la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia definitiva.
afcl
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