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Tuxtla Gutiérrez, Chis. - Nueve campamentos donde se refugiaban desplazados de Chalchihuitán fueron destruidos el pasado viernes, “en el contexto de agresiones de Hermelindo García Núñez (PAN), síndico de ese ayuntamiento, denunció e l Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ( Frayba).
El organismo defensor aseguró en un comunicado que por la incursión, 238 familias desplazada s en los campamentos Barrio Shishimtotik, Tulantik, Ch'enmut, Bololchojon, Cruz K'ak'anam, Jolcantetik, Cruzton, Bejelton y de Barrio Pom, “ perdieron las pocas pertenencias que tenían” en las viviendas hechas de plástico, madera y algunas con láminas .
Fueron derribados, además baños construidos con apoyo y donaciones de organizaciones solidarias como Cáritas.
La destrucción de los campamentos obligó que la población, en su mayoría mujeres y niños, se desplazará nuevamente después de la agresión e intimidación .
Familias les prestaron espacios, pero se mantiene la amenaza de expulsarlos de sus comunidades, alertó el Frayba.
El centro defensor refirió que autoridades comunitarias amenazaron con amarrar y quemar a representantes del Comité Chalchihuite, así como a quienes intentaran ingresar al lugar donde se ubicaban los campamentos y prohibieron el acceso de ayuda humanitaria.
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Advirtió que la destrucción de campamentos y amenazas a los desplazados aumentan las condiciones de vulnerabilidad y riesgo de esa población.
Al menos, mil 237 personas, permanecen en desplazamiento forzado en Chalchihuitán, en condiciones de vulnerabilidad y riesgo, sin alternativa de retorno a sus viviendas y parcelas de manera definitiva.
Esto porque sus terrenos se encuentran en los límites del conflicto, donde “grupos armados provenientes de Chenalhó, mantienen disparos que se intensifican en las madrugadas”.
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El Frayba agregó que a más de un año del “desplazamiento forzado masivo” de comunidades tzotziles de Chalchihuitán, la situación es grave y continúan las violaciones a derechos humanos ante la omisión del Estado mexicano.
Enmedio del conflicto, sostuvo, el gobierno de Chiapas incumple los compromisos internacionales de atención y protección a la población desplazada y contraviene la medida cautelar No. 882-17, que otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 24 de febrero de 2018, "para garantizar los derechos de integrantes de pueblos originarios en situación de riesgo a la vida, seguridad e integridad personal de las 10 comunidades desplazadas forzadas, desde noviembre de 2017".
El Frayba pidió garantizar la seguridad, la integridad y la vida de los desplazados en Chalchihuitán, así como detener las amenazas y agresiones de García Núñez.
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Y atender de manera integral, de acuerdo con los principios rectores del Desplazamiento Forzado de la Organización de las Naciones Unidas , el desplazamiento forzado en Chalchihuitán .
rmlgv
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