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Autoridades eclesiásticas, comunitarias e integrantes del Comité para la Promoción y Defensa de la Vida “Samuel Ruíz García” denunciaron hostigamientos contra ejidatarios que rechazan la explotación minera en el municipio de Chicomuselo , donde nuevas empresas pretenden reiniciar dicha actividad, clausurada tras el asesinato del activista Mariano Abarca en 2009.
Los representantes comunitarios aseguraron que la minería en esa región Sierra de Chiapas ha dejado una secuela de enfermedades entre la población, contaminación ambiental, amenazas y riesgos permanentes de enfrentamientos comunitarios y grupos que favorecen la extracción, que ahora busca reanudarse con la empresa Barita de Chiapas, representada por Alfonso Alarcón.
“Este hombre, supuesto propietario de las concesiones mineras en Chicomuselo, se encuentra negociando el paso por el ejido Ricardo Flores Magón y en el ejido Grecia, donde pretenden explotar los recursos minerales suspendidos actualmente”, advirtieron.
Roberto Ortiz, uno de los voceros del Comité, aseguró que Chicomuselo tiene 12 concesiones mineras, vigentes hasta el año 2059, otorgadas a diversas empresas sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, tal y como lo establecen instrumentos jurídicos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Por ello el Comité exigió al gobierno mexicano la cancelación definitiva de las concesiones mineras en Chicomuselo, intervención de la Procuraduría Agraria para proteger los derechos de ejidatarios agraviados y proteger y salvaguardar la integridad física de activistas y defensores del territorio de ese municipio.
Ortiz, al igual que el párroco de Chicomuselo, Elezar Juárez Flores, denunciaron que la insistencia de las compañías por explotar minerales en distintas localidades de ese municipio provoca división del tejido social, ya que esas empresas se aprovechan de la pobreza de los habitantes para ofrecerles apoyos económicos a cambio de los proyectos extractivos.
Esta situación, agregaron, provoca aumento de la conflictividad entre quienes rechazan la actividad minera y quienes están a favor.
Por las confrontaciones, la asamblea general del ejido Ricardo Flores Magón acordó la destitución de las asambleas de 10 comisariados ejidales e ignorarlos en los trabajos comunitarios; además fue destituido del cargo de agente municipal Rolando López Hernández, en mayo pasado.
Para respaldar las denuncias contra las mineras, comunidades y activistas realizarán en Chicomuselo, el próximo 2 de octubre, una peregrinación denominada Movimiento contra la explotación minera y despojo de la tierra.
afcl
