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Los familiares de 39 personas desaparecidas en Veracruz siguen a la espera de una disculpa pública del Fiscal General del Estado , Jorge Wincler Ortiz por las omisiones en las investigaciones para la ubicación de sus seres queridos.
El funcionario estatal sigue sin cumplir una recomendación (07/2018) de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que le ordenó disculparse públicamente con las víctimas, incluirlos en el Registro Estatal de Víctimas y pagarles una compensación justa por las omisiones del Estado.
Si bien la desaparición de al menos 39 personas ocurrieron en el periodo comprendido entre el 02 de abril de 2010 al 06 de octubre de 2016, es decir en el gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa , la recomendación incluyó al fiscal por las omisiones de su organismo autónomo en las indagatorias.
Se le pidió además al fiscal iniciar una investigación contra ex funcionarios y servidores públicos en activo, pero hasta ahora no ha emitido reporte alguno al organismo defensor de derechos humanos sobre el cumplimiento del punto.
Desde 2007 al 2018, se tienen documentadas más 34 mil personas desaparecidas en México y Veracruz, un estado sumido en la violencia relacionada con el narcotráfico y la lucha en su contra por parte de fuerzas del orden que han dejado al menos cinco mil desaparecidos y anualmente un promedio de 1000 asesinatos.
La Comisión de Derechos Humanos recibió diversas solicitudes de intervención por parte de familiares de personas desaparecidas (aglutinadas en el expediente CEDH/1VG/DAM-0316/2018) al considerar que servidores públicos de la Fiscalía (fiscales investigadores, policías ministeriales y peritos) han incurrido en actos y omisiones que vulneran sus derechos humanos.
El organismo defensor de derechos humanos, concluyó que en las investigaciones iniciadas por la desaparición de los seres queridos de las víctimas, no se ha actuado con debida diligencia, pues se observó un patrón de irregularidades.
Además, descubrió que en al menos 9 casos de desapariciones pudieron estar involucrados elementos policiales pero el desarrollo pasivo y omiso de estas líneas de investigación no ha permitido allegarse de mayores elementos probatorios que con el paso de los años, han ido desvaneciéndose.
“Esta situación ha causado daños graves e irreparables a las víctimas en materia de procuración de justicia y derecho a la verdad, además, la conducta reprochable a la autoridad, los ha llevado a unirse en colectivos de búsqueda para luchar en conjunto contra las omisiones y negligencias que padecieron desde que interpusieron sus denuncias”, destacó la sentencia.
Ante ello, ordenó a la fiscalía agotar las líneas de investigación razonables, de lo cual apenas lleva un 25 por ciento de avance reportado de manera oficial.
Se le pidió realizar los trámites necesarios ante la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas del Delito , para que se inscriba a los agraviados en el Registro Estatal de Víctimas y se les proporcionen los beneficios que la Ley Estatal de Víctimas prevé, de lo cual igual solo lleva un avance del 25 por ciento de cumplimiento.
La CEDH además recomendó se realicen las gestiones correspondientes para que se pague una compensación justa a las víctimas, de lo cual el Fiscal General no ha presentado avance alguno; como tampoco en la recomendación de investigar a los servidores públicos que hayan participado -por acción u omisión- en las violaciones a los derechos de las víctimas para determinar sus responsabilidades, su grado de participación y las sanciones correspondientes.
Lleva un 15% de avance en capacitar eficientemente a los servidores públicos que resulten responsables en materia de respeto, defensa y garantía de los derechos humanos.
Sin embargo, sigue sin realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad donde el superior jerárquico de la FGE ofrezca una disculpa pública institucional a las víctimas.
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