Miembros de comunidades y organismos de la sociedad civil de Oaxaca realizaron el tercer encuentro estatal para pronunciarse contra la industria minera en el estado y para denunciar los efectos negativos, sociales y en el medio ambiente.

El encuentro se celebró este fin de semana Santa Catarina Lachatao y Capulálpam de Méndez, ambas comunidades de la Sierra Juárez.

De acuerdo con el Colectivo en Defensa de los Territorios , en Oaxaca existen 322 concesiones mineras hasta finales del 2018, la mayoría de las cuales se encuentran en tierras de comunidades indígenas.

Estas concesiones, denunció, fueron otorgadas sin tomar en cuenta los derechos de los pueblos indígenas reconocidos tanto en la Constitución mexicana como en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

“La entrega de concesiones mineras sin el consentimiento, libre, previo e informado de los pueblos y comunidades se ha dado en gran parte del territorio de Oaxaca, extendiéndose prácticamente en todas las regiones, donde los Valles Centrales y la Sierra Norte han presentado mayores impactos por la explotación de minerales”.

Sobre los impactos de la industria en la entidad señalaron al proyecto minero “San José” operado por la empresa Fortuna Silver Mines, donde han existido denuncias durante los últimos 10 años por hechos como asesinatos, división de comunidades, violaciones a los derechos colectivos fundamentales y de la ciudadanía de San José del Progreso.

Además de impactos ambientales entre los que destaca el derrame de la presa de jales en el río El Coyote, la muerte de peces en los principales afluentes, explosiones y polvo excesivo en toda la región.

La misma situación, dijo, ocurre en el proyecto minero «El Águila» y «Alta Gracia» de Gold Resource Corporation , también en los Valles Centrales.

Mientras que en la Sierra Norte, la operación de la empresa minera Natividad produjo graves impactos ambientales sobre todo al agua, en uno de los principales ríos de toda la región, afectando a las comunidades de Capulálpam de Méndez, San Juan Chicomezuchil, Santa Catarina Lachatao, San Miguel Amatlán, Santiago Xiacuí.

El Colectivo aseguró que en diferentes impactos en las regiones de la Mixteca, el Istmo, la Sierra Sur, la Costa, la Cuenca y la Cañada, hasta el momento ninguna empresa o autoridad se han hecho responsable por los impactos ambientales, sociales, económicos y culturales que producen la exploración, explotación y beneficio de los minerales.

“Nuestra defensa es organizada, pacífica y por las vías legales. Para los pueblos significa ejercer la libre determinación sobre nuestros territorios porque representan nuestra forma de vida, de ellos obtenemos el aire, agua, alimentos y nuestros bienes comunes”, señaló el colectivo.

afcl

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