Declaran culpable a excontralora de la administración de García Cabeza de Vaca; está acusada de uso ilícito de atribuciones y facultades
Los delitos por los que fue declarada responsable contemplan distintas sanciones, que pueden incluir prisión, multas e inhabilitación para ejercer empleos, cargos o comisiones públicas
Ciudad Victoria, Tamps. - El titular de la Fiscalía especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Tamaulipas, Andrés Norberto García Repper Favila, informó hoy que, como resultado de trabajos de investigación y litigación llevados a cabo por dicha Fiscalía, se logró el fallo condenatorio en contra de Elda “N.”, excontralora gubernamental en la pasada administración 2016-2022, que encabezó el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
“La audiencia de juicio oral se llevó a cabo el 15 de septiembre de 2026, y en ella se declaró la culpabilidad de la excontralora gubernamental Elda "N" por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, así como desempeño de funciones judiciales o administrativas”, explicó García Repper Favila.
Agregó que “los trabajos de investigación y litigación llevaron ante la justicia a la excontralora gubernamental del sexenio del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, porque siendo su responsabilidad la vigilancia y control del ejercicio de los recursos estatales, realizó pagos a la misma persona que se desempeñaba al mismo tiempo como prestadora de servicios y directora administrativa en esa dependencia”.
Dijo que este es el resultado del trabajo de investigación y litigación por parte de la Fiscalía para llevar ante la justicia a los servidores públicos que cometen actos de corrupción desde el servicio público.
“Resta únicamente que el Tribunal de Enjuiciamiento determine la pena correspondiente en la audiencia que se celebrará el 22 de septiembre próximo para establecer la individualización de la sanción correspondiente”, mencionó el fiscal anticorrupción.
Los delitos por los que fue declarada responsable contemplan distintas sanciones, que pueden incluir prisión, multas e inhabilitación para ejercer empleos, cargos o comisiones públicas.
La pena específica todavía no ha sido determinada y corresponderá exclusivamente al Tribunal establecerla conforme a las circunstancias acreditadas dentro del proceso.
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