Líder sindical le pidió sexo a cambio de plaza, pero ella se encandenó en protesta

A un día de que venza el plazo para que el gobernador Juan Manuel Carreras López cumpla la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en torno a los tratos indignos que recibió María de Jesús Almendárez Prieto en la administración estatal, “Marichuy” asegura a EL UNIVERSAL que sigue relegada y padece acoso. 

La empleada gubernamental que pasó un mes encadenada en la Oficialía Mayor para denunciar la violencia ejercida en su contra, hoy refiere que ni siquiera la invitaron a la posada.

La recomendación 61/2017 fue enviada al mandatario potosino el pasado 28 de noviembre “con motivo de una serie de acciones por parte de autoridades de la Secretaría de Cultura [estatal] que afectaron los derechos humanos al trato digno y a una vida libre de violencia de la trabajadora”.

El organismo federal recomendó al gobernador la reparación integral del daño a la víctima a través de medidas de rehabilitación, satisfacción y de no repetición.

El acoso. Hace cinco años a “Marichuy” Almendárez un líder del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE), Juan Gatica Izaguirre, le ofreció una plaza para su hijo a cambio de llevarla a la cama; ante la negativa, incrementó el acoso con mensajes obscenos, tocamientos y amenazas.

En 2014 decidió denunciar a su agresor, lo que arrastró en su contra discriminación, vejaciones y un largo proceso judicial en el que no le han hecho justicia. “Todavía me siguen aporreando, sigue la violencia, me siguen discriminando, tanto que yo no puedo pisar las instalaciones de la Seduvop”.

La CNDH informó que tuvo conocimiento de los hechos y atrajo el expediente iniciado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. Al revisar los antecedentes del caso, el organismo nacional advirtió que la trabajadora sufrió actos de discriminación y negativa de las autoridades estatales para informarle el estado en que se encontraba la investigación.

Almendárez Prieto resaltó que el gobernador tiene hasta el 22 de diciembre para el cumplir la recomendación de la CNDH.