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Chilpancingo.- Las empresas Coca-Cola, Pepsi, Corona, Fud y Bonafont reanudaron el reparto de sus productos en Acapulco pero con vigilancia policiaca.
La mañana de este sábado, los vehículos repartidores de estas empresas volvieron a salir a repartir sus productos. Muchos de estos camiones fueron vigilados por patrullas de la Policía Estatal.
De acuerdo a un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero este sábado policías estatales, soldados de la Guardia Nacional, del Ejército y personal de la Fiscalía General de Estado implementaron una operación para “generar condiciones para la continuidad de las actividades económicas”.
“La Policía Estatal y la Guardia Nacional, trabajan de manera coordinada con la ciudadanía, involucrando a empresarios, comerciantes y sectores productivos locales, mediante la aplicación de protocolos de seguridad, comunicación y acompañamiento para prevenir incidentes, fortalecer la tranquilidad de la ciudadanía y garantizar el funcionamiento eficiente de las actividades comerciales”.
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En una fotografía que difundió el gobierno de Guerrero se ve cómo patrullas de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional vigilan instalaciones de estas empresas y así como los vehículos repartidores.
La suspensión del servicio ocurrió tras el ataque a tres repartidores, donde murieron dos y uno resultó herido.
La tarde del jueves, en menos de una hora —de 5 a 6 de la tarde— fueron atacados tres choferes de camiones repartidores; dos murieron.
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Alrededor de las 5 de la tarde, a unos metros de la Costera Miguel Alemán, cerca de la playa Las Hamacas, fue asesinado a balazos un chofer de un camión repartidor de la Corona.
Media hora después, en la colonia Hogar Moderno, fue atacado a tiros el chofer de un camión de la empresa Fud. El empleado quedó herido y fue trasladado a un hospital.
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A las 6 de la tarde, en la colonia Vista Alegre fue asesinado un promotor de la empresa de Coca-Cola.
Hace un año, en Acapulco se vivió una situación similar, choferes del transporte público fueron atacados por hombres armados. Unos fueron asesinados y a otros más les quitaban sus unidades y las quemaban.
Las agresiones eran parte del hostigamiento que empleaban las organizaciones criminales para exigir el pago de la extorsión.
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El servicio del transporte público estuvo suspendido durante unos 15 días, cuando los choferes consideraron que se sentían seguros. En esos días, a través de patrullas de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional dieron el servicio a los trabajadores y estudiantes que requerían llegar a sus centros de trabajo y escolares.
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