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CNDH emite recomendación por omisiones en megaproyecto de Tulum

El organismo presentará denuncias en contra de dos funcionarias de la Semarnat y una de la Semar, así como de delegados y encargados de despacho de Profepa en Quintana Roo

CNDH emite recomendación por actos y omisiones en megaproyecto en Tulum
Foto: Archivo
Estados 16/05/2022 20:27 Adriana Varillas / Corresponsal Quintana Roo Actualizada 20:40
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Cancún.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 90/ 2022 dirigida a la Semarnat, a la Secretaría de Marina (Semar) y a la Profepa, por su violación al derecho humano a un medio ambiente sano, a la seguridad jurídica a la legalidad, al debido proceso y al acceso a la justicia, por acciones y omisiones en torno a un proyecto turístico integral, autorizado en las playas de Chemuyil y Chemuyilito, dentro de la mega Reserva de la Biósfera del Caribe Mexicano en Tulum.

El organismo garante de los derechos humanos informó hoy que, como parte de la recomendación, presentará una denuncia para que se inicie una investigación en contra de dos servidoras públicas de la Semarnat y una de la Semar, para deslindar responsabilidades por el otorgamiento de autorizaciones y sean sancionadas administrativa o penalmente.

Además, denunciará a los delegados o encargados de despacho de la Profepa en Quintana Roo, desde el 2018 a la fecha, por acciones y omisiones en el ejercicio de sus funciones y las irregularidades en las inspecciones y vigilancia y determinó que deben revisarse los permisos y licencias otorgadas en los últimos 5 años para verificar si están apegadas a la legislación vigente.

“Servidores públicos (de la Semarnat) otorgaron permisos para infraestructura hotelera y de una marina sin considerar el impacto a ecosistemas. Profepa desatendió la denuncia de la Conanp y realizó inspecciones superficiales sin seguimiento, en detrimento del medio ambiente”, indicó el organismo, al solicitar a estas dependencias reparar el daño ecológico causado.
 

 

El caso

La recomendación, de más de 130 páginas, fue girada desde el pasado 28 de abril y va dirigida a María Luisa Albores González, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); a Rafael Ojeda Durán, titular de la Semar; y a Blanca Alicia Mendoza Vera, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

El asunto, versa sobre las autorizaciones que desde 2002 y hasta 2020, se fueron otorgando a dos proyectos:

El de Mejoramiento y estabilización de zonas de playa y la instalación de una marina en las Bahías de Chemuyil y Chemuyilito, así como el de Obras Complementarias para el desarrollo de los servicios turísticos dentro de la Mega Reserva, colindantes con el emblemático Santuario de la Tortuga Marina de Xcacel-Xcacelito, este último expedido por la Semarnat encabezada por Víctor Toledo, en 2019.
 

Lo autorizado por Toledo consistió en la construcción de palafitos de “baja densidad” en mil 496 metros cuadrados y un área para dos asoleaderos en una superficie de 5 mil 450 metros cuadrados.

Las obras, en una superficie total de 1.98 hectáreas, incluyeron la colocación de estructuras de cierre dentro del mar, en un área de mil 638 metros cuadrados para crear una caleta de 11 mil 221.08 metros cuadrados y crear una playa artificialmente, en donde no existe, para rellenarla permanentemente durante 50 años.

Se realizaron excavaciones y dragados, a fin de crear la caleta y rellenar la playa, además de colocar las estructuras dentro del mar, con impactos al ecosistema marino que –organizaciones ambientales y especialistas– advirtieron que modificarían la línea de costa no solo en Chemuyil-Chemuyilito, sino en el emblemático Santuario de la Tortuga Marina de Xcacel-Xcacelito.

Los puntos de la recomendación

Del análisis hecho por la CNDH, se desprende que “los proyectos dañan zonas importantes para la conservación, incrementan la contaminación de cuerpos de agua, provocan la alteración del ecosistema de manglares, a las tortugas marinas en su zona de desove; hay presencia de residuos sólidos y de productos químicos, además de dañar arrecifes coralinos”.

El organismo, acreditó la responsabilidad institucional de estos hechos, de la Semarnat, la Semar y la Profepa y determinó que dos funcionarios de la dependencia ambiental, “incurrieron en conductas susceptibles de ser investigadas, porque a pesar de tener conocimiento de los impactos e la obra, hay indolencia en la resolución de las autorizaciones”.

En cuanto a la Semar, la Comisión acreditó la “inadecuada observancia de la legislación en materia ambiental”, para el otorgamiento de permisos de vertimento (de arena) en Áreas Naturales Protegidas”.
 

Y sobre la Profepa, afirmó que “se debe sancionar a las autoridades responsables y los jefes jerárquicos por los vicios y omisiones en las inspecciones y seguimiento” e indicó que deben iniciarse los procedimientos administrativos o penales correspondientes.

La recomendación también establece que la Semarnat debe promover ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa un juicio de lesividad con el fin de anular las autorizaciones de impacto ambiental otorgados para el par de proyectos, impulsados en principio por el Promotora Ecotur-Grupo Posadas, que terminó vendiendo su sociedad el año pasado.

La dependencia ambiental debe implementar un programa integral de Restauración Ecológica en la zona impactada, tendiente a la regeneración y su restablecimiento. Y la Profepa “está obligada a dictar, de manera inmediata,” medidas técnicas correctivas y de urgente aplicación para evitar mayores daños a la Mega Reserva del Caribe Mexicano.

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afcl/rcr

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