“Pido su apoyo, mi hija es inocente y está presa entre mujeres peligrosas, mi nieto Leonardo, de dos años, llora a todas horas por ella, por favor pida que la liberen”, rogó María Teresa Urías, mamá de Kassandra, afuera de la residencia de la gobernadora del estado, Claudia Pavlovich, en la colonia Pitic, en Hermosillo.

María Teresa Urías, madre de Almahara Kassandra, de 22 años, a quien detuvieron el pasado 21 de septiembre en la casa de empeño First Cash, de Periférico Norte y Carlos Caturegly, en la colonia El Choyal, clama justicia.

“Hace 16 días nuestra familia vive un infierno”, lamentó entre lágrimas la mujer, preocupada por el estado de salud físico de su hija ya que desde el día que fue arrestada en su trabajo hasta la fecha, ha perdido más de 10 kilos.

Almahara Kassandra Gil Urías, una madre soltera de 22 años, por desconocimiento de la ley, como empleada de mostrador de una casa de empeño, adquirió un Play Station con reporte de robo; horas después fue detenida en un operativo policiaco.

La madre de la joven asegura que se violaron los derechos de sus hija, ya que al ser detenida, la dejaron incomunicada por 72 horas y no le permitieron tener abogado.

De acuerdo con el relato de la señora Urías, el aparato fue vendido por el ladrón a la persona que fue a empeñarlo, su hija solicitó al prendario su credencial del INE, le elaboró una papeleta y la gerente la autorizó; “Ella sólo hizo su trabajo. Ni el ladrón del Play Station, ni la persona que llevó a empeñarla, ni el dueño del negocio están detenidos, eso es injusto”, considera.

A la primera audiencia no acudió la denunciante del aparato robado el día 19 de septiembre. El juez no permitió que la casa de empeño ofreciera pruebas de video, ni testimonio de la gerente; además, a la inculpada se le extendió el plazo de ofrecimiento de pruebas para el 29 de diciembre en la Sala 2 del Poder Judicial. Está recluida en el Cereso Femenil de Hermosillo y se le negó llevar el proceso en libertad.

Para exponer la situación de Kassandra, su madre y cuatro hermanos encabezaron una movilización el sábado 7 de octubre; primero se manifestaron en la plaza Zaragoza y luego marcharon por las calles de Hermosillo hasta llegar a la casa de la gobernadora, donde un empleado de la Secretaría de Gobierno prometió mediar y buscar solución.

Fiscalía defiende su actuación. El Fiscal General de Justicia del Estado, Rodolfo Montes de Oca, informó que con sustento en las recientes reformas efectuadas al Código Penal de Sonora por el Congreso del Estado, en junio pasado, las aprehensiones contra los empleados de las casas de empeño son legales.

En el artículo 308 BIS-E se señala que los dependientes, colaboradores y propietarios de las casas de empeño deben identificar plenamente a los deudores prendarios o vendedores y comprobar la procedencia legítima de los artículos que reciban por medio de facturas o cualquier comprobante que demuestre que el objeto no es producto de una actividad ilícita, y de lo contrario, serán sancionados con prisión, la sanción puede ir de un mes a nueve años.

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