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Monterrey.— El gobernador Jaime Rodríguez Calderón evitó comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos, que programó la Comisión Anticorrupción del Congreso local, dentro del proceso ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para sancionarlo a él y al secretario general de gobierno, Manuel González Flores, por el uso de recursos públicos para recabar firmas para la candidatura presidencial independiente de El Bronco en 2018.

Rodríguez Calderón se defendió por medio de su abogada Ana Laura Cano, quien declaró que era nula la audiencia, debido a que los diputados de la Comisión Anticorrupción interrumpieron los trabajos para ir a votar en el pleno, que sesionaba a la misma hora. Además, señaló que se violaron los derechos del gobernador a un debido proceso.

En contraste, el secretario general de gobierno, Manuel González, acudió puntual a la audiencia, prevista para las 10 de la mañana de ayer. Reclamó a los legisladores, porque apenas estaban analizando las pruebas que presentó y votaron para desechar algunas de ellas, como la comparecencia del senador Samuel García (MC), para que acreditara sus señalamientos sobre el desvío de recursos públicos por parte del secretario y el gobernador.

González Flores dijo ante los legisladores que tanto él como el mandatario son inocentes y saldrán avante de este ilegal proceso, impuesto por el TEPJF.

Es ilegítimo, alegan. El secretario expuso a los diputados que no les reconocía ninguna legitimidad para sancionarlo, porque el Congreso no es superior jerárquico, como señaló el Tribunal Electoral, al instruirlos para iniciar el procedimiento de sanción.

Recriminó, además, que “no habíamos llegado al plazo para presentar las pruebas y 17 de ustedes ya habían opinado ante los medios, sanción máxima: inhabilitación o destitución” para Rodríguez Calderón y González Flores.

“Este procedimiento que crearon sin fundamento legal no es más que una simulación (…) El pueblo de Nuevo León les confió la soberanía de este estado y lejos de defenderla se someten a las directrices de un Tribunal Electoral Federal”, señaló el secretario.

Aseveró que ni él ni el gobernador fueron omisos, pues por el contrario hay pruebas de que ordenaron a los servidores públicos del estado no involucrarse en el proceso electoral de 2018, mientras el propio INE emitió un resolutivo señalando que no era posible determinar si un funcionario reunió firmas en su horario laboral.

González Flores señaló que tampoco existe en ninguna resolución emitida por las autoridades electorales una sanción específica ni para el gobernador ni para él, pero “ustedes incluyeron apercibimiento, amonestación, multa, destitución o inhabilitación (…) se las sacaron de la manga, las inventaron, no existen en ninguna ley federal”.

Reprochó: “Espero que esta actuación no sea por un interés político-partidista o peor aún, obedeciendo la voluntad de un presunto preaspirante a 2021”, refiriéndose al senador Samuel García.

En entrevista, González Flores agregó que promoverá un recurso de amparo que está seguro de ganar, puesto que “nos están regalando las jugadas como en el futbol americano, los vamos a seguir combatiendo, somos especialistas en pelear”.

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