Bajo arraigo, deja prisión Alejandro Gutiérrez

Asegura Corral que denunciará ante la CIDH; tiene pendiente desvío de 1.8 mdp a su empresa
Imputación. Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del CEN del PRI, fue acusado del desvío de 250 mdp. Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL
29/09/2018
05:31
Diana Lastiri y Francisco Rodríguez
-A +A

[email protected]

Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI, salió ayer del penal de Aquiles Serdán, de la ciudad de Chihuahua. El priísta, cercano al ex gobernador César Duarte, fue detenido hace nueve meses acusado del presunto desvío de 250 millones de pesos del erario público federal.

Presuntamente recibió en sus cuentas parte del dinero desviado del gobierno del estado, además de que utilizó a sus empresas para simular procedimientos administrativos de contratación para justificar la distracción del recurso público, que fue utilizado para campañas políticas.

De acuerdo con la resolución legal, fue puesto en libertad y quedó sujeto a la medida cautelar de arraigo con el dispositivo legal de un geolocalizador colocado en una pierna, además de que no puede salir del estado, pues está pendiente una segunda causa penal por el presunto desvío de 1.8 millones de pesos en la pasada administración a favor de su empresa.

La libertad de Gutiérrez se da luego de que el jueves la magistrada del Tercer Tribunal Unitario Penal en la Ciudad de México, Isabel Porras, desechó la apelación 275/2018 promovida por la Consejería Jurídica del gobierno estatal, por ser “notoriamente improcedente”, informó Javier López, del equipo de defensa del ex secretario general adjunto del PRI.

Javier López subrayó que no prosperó un recurso de la fiscalía estatal y por ello quedó en libertad ayer, alrededor de las 4:00 de la mañana.

En un comunicado, el fiscal general del estado, César Augusto Peniche Espejel, indicó que el juez que ordenó la liberación de Gutiérrez Gutiérrez omitió cumplir con una suspensión decretada en un juicio de amparo promovido por el gobierno local.

“Es el resultado de la irregular actuación de la PGR en la que solicitó el sobreseimiento de la causa penal, no obstante que tenía todas las pruebas para llevarlo a juicio oral”, sostuvo.

Asimismo, informó que Chihuahua dará seguimiento a los recursos que están en trámite y se continuará el proceso por el presunto desvío de los 1.8 millones de pesos.

Es “un atropello”. A través de un comunicado, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar “la negación y el entorpecimiento a la aplicación de la justicia en el caso”.

Afirmó que la salida de prisión de Alejandro Gutiérrez no es un revés para la procuración de justicia de la entidad, sino de México.

“Es un atropello a Chihuahua y muestra la manera cínica de cómo cierra un sexenio caracterizado por la corrupción”, acusó.

Corral Jurado señaló además que “se acudirá ante el Consejo de la Judicatura Federal para denunciar la violación a los procedimientos en que incurrió el juez Marco Antonio Fuerte Tapia para ordenar la liberación de Gutiérrez, violentando una suspensión concedida al estado”.

Fuerte Tapia, según lo señalado por el comunicado emitido desde la Consejería Jurídica del estado, sería el mismo juez que condenó a nueve años de prisión al ex gobernador Javier Duarte por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.

En contraste, en Coahuila, el gobernador Miguel Riquelme se mostró positivo ante la liberación del priísta. “Alejandro es mi amigo, me daría mucho gusto”, dijo.

Criticó que la justicia no puede ser utilizada como se manejó en el caso de Gutiérrez, pues “debe ser impartida de manera imparcial; ser una herramienta para mantener la paz y la tranquilidad de los estados, como en el caso nuestro”.

Van por ex mandatario. Por considerarlo posible responsable de falsear información para endeudar al estado y utilizar esos recursos para el gasto corriente, el gobierno de Colima busca sancionar al ex gobernador Mario Anguiano (PRI) con una multa de 515 millones 174 mil 928 pesos y la inhabilitación para ocupar cargos públicos en el estado durante 14 años.

El pleno del Congreso aprobó las sanciones propuestas por la Comisión de Responsabilidades y que forman parte del procedimiento de responsabilidad administrativa que se inició contra el ex mandatario por la contratación irregular de deuda.

Mantente al día con el boletín de El Universal

 

COMENTARIOS