La Paz, Baja California Sur.- Tras vivir puntos álgidos de violencia entre 2014 y 2017, Baja California Sur ha logrado ubicarse entre los estados con menos víctimas de homicidio doloso durante 2019, con un total de 67 casos, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En contraste, se encuentra Guanajuato, donde de enero a octubre se registraron 2 mil 865 víctimas y tan sólo en octubre se reportaron 305 homicidios, mientras que en BCS se consignaron siete homicidios.

Según el SESNSP, mientras que en 2017 —el año más violento en la historia del estado— se tuvo un registro de 610 homicidios dolosos, para 2018 esa cifra bajó a 162.

En su Cuarto Informe de Gobierno, entregado hace unos días, el mandatario Carlos Mendoza Davis aseguró que se registró una baja de violencia de 90% en 2018 y 2019.

En entrevista, el secretario de Gobierno, Álvaro de la Peña Angulo, aseguró que la reducción de la violencia, lograda en dos años de trabajo, fue posible “por la efectiva coordinación interinstitucional y el combate a la impunidad”.

Explicó que con la Guardia Nacional se ha incrementado la presencia militar y se sesiona todos los días, revisando la incidencia y diseñando estrategias para contener la violencia.

Un punto importante, añadió, es la capacitación policial, pues actualmente están en formación 150 agentes en la remodelada Academia Estatal de Policía y se tienen desplegados cerca de mil efectivos, de acuerdo con José Carlos Tinoco Castrejón, coordinador estatal de la GN.

La crisis

En 2017, el año más violento en la historia de BCS, ocurrieron dos homicidios que marcaron a la entidad: el del periodista Maximino Rodríguez Palacios y el del ómbudsman local, Silvestre De la Toba.

Sin embargo, la violencia comenzó a escalar desde 2014, cuando gobernada el panista Marcos Covarrubia, de ello advirtieron organizaciones civiles, como el Observatorio Nacional Ciudadano, que alertó del aumento de delitos comunes y extorsiones y refirió que el desarrollo del polo turístico de Los Cabos lo había hecho vulnerable.

Fue hasta 2017, dos años después de su llegada a la gubernatura, que el mandatario Carlos Mendoza anunció mayor presencia militar, que se incrementaría paulatinamente hasta lograr mil efectivos. Asimismo, el gobierno federal envió grupos especiales de la Policía Federal para sumarse a tareas disuasivas.

Entre otras acciones, se fortaleció a la policía investigadora y la Secretaría de Marina (Semar) en coordinación con el gobierno del estado y municipios acordaron colocar al frente de las corporaciones policiacas locales a mandos militares.

Además, el sector empresarial se comprometió a invertir 150 millones de pesos en un cuartel para la Semar, cuya construcción tiene un avance de 40%. En tanto, el gobierno estatal invirtió 446 millones de pesos para fortalecer la infraestructura de Sedena y Semar.

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